“La evasión se constató luego de un cruce de datos con el que se comprobó que, hasta el momento, 156 grandes empleadores figuraban inscritos en una categoría menor a la que les corresponde”.
Frente a esa disposición, la mecánica de las firmas para no tributar lo que corresponde se basa en registrarse como empresas clase “B” -que tributan 16%- cuando en realidad les correspondería la categoría “A”, que paga 20 por ciento.
A partir de esa verificación, además de la aplicación de multas, los responsables legales de las firmas imputadas podrían ser procesados ante la Justicia por infracciones a la Ley Penal Tributaria.
El decreto que infringieron las firmas comerciales establece que, para los contribuyentes dedicados a servicios o comercio y que poseen ventas superiores a los $48 millones (de acuerdo a lo que consignaron en sus declaraciones de ganancias de los últimos tres años), están obligados a tributar un incremento de 4% en las contribuciones patronales en el Sistema Integrado Provisional Argentino (SIPA). En efecto, los recursos del SIPA son recaudados por la AFIP y desde allí se los destina a los subsistemas de seguridad social, como la ANSES, PAMI, el Fondo Nacional de Empleo, Asignaciones Familiares, Fondo Solidario de Redistribución de la Superintendencia de Servicios de Salud, entre otros.
ESTRATEGIA. Una vez más, desde la AFIP se destacó que, a pesar de los diferentes escenarios que se analizan en los segmentos de contribuyentes (productores agrícolas, alimenticias, monotributistas etc.), “hay un denominador común, que es establecer la mayor eficiencia en los controles. Para eso el soporte tecnológico es fundamental a la hora de procesar datos sobre recaudación, montos de venta, declaraciones y otros registros. Destacar esta labor como uno de los factores que influyen en los incrementos de la recaudación impositiva es ajustarse al marco de acción que se desarrolla y evaluar los efectos resultantes de tal dinámica”, explicaron desde la AFIP a este medio anoche.
Con respecto a los 156 casos de evasión detectados, catorce expedientes ya se completaron y en ocho de ellos la deuda determinada es cercana a los 20 millones de pesos. “Esa suma ya ingresó al sistema de la AFIP mediante los planes de facilidades de pago con los cuales cuenta nuestro organismo”, le aseguró un vocero del fisco a este medio. En cuanto al detalle de los rubros en los cuales las firmas regularizaron su situación, se encuentran empresas de venta telefónica, de indumentaria según catálogo, broker de seguros, salud, tarjetas de crédito y logística de distribución, entre otras.
Mientras tanto, están “bajo la lupa de la AFIP” los transportistas de caudales, venta al por mayor de materiales de la construcción, informática, transporte público de pasajeros, hotelería, venta de cereales, juegos de azar y apuestas y servicios de radio y televisión.
ANÁLISIS. Al respecto, desde el sector privado y los ámbitos institucionales, el director de SEL Consultores, Ernesto Kritz, intentó establecer una diferencia entre la “precarización” laboral que sufren los trabajadores de las grandes empresas y los de las micro o pequeñas firmas.
“La mayor parte de los asalariados no registrados están en empresas pequeñas. El grueso del empleo no registrado se da en firmas de menos de cinco trabajadores”, puntualizó. Sin embargo, reconoció que “también hay evasión en empresas más grandes” y consideró que las razones que encuentran unos y otros para evadir “son muy distintas”.
“En el caso de las empresas muy chicas, por lo general es un mecanismo de compensación porque no pueden competir y en general evaden todos los impuestos. Mientras tanto, en las empresas más grandes es una forma ilegal de aumentar ganancias”, explicó en diálogo con Buenos Aires Económico. Y añadió: “En las grandes compañías no suele haber evasión completa, sí una subdeclaración de ingresos. Es por eso que la acción de fiscalización puede ser una buena medida”.
Por su parte, el director del Instituto del Trabajo, Julio Godio, sentenció que “esto es grave, porque pasa en las empresas formales, donde apreciamos que el problema es que, por un lado, hay que seguir peleando contra el trabajo en negro en las pequeñas empresas de la economía informal, pero además tenemos otras que tienen trabajo registrado pero no hacen los aportes correspondientes”, detalló.
Además, avanzó sobre las reglas de juego implícitas y explícitas con las que se manejan los diferentes sectores de la producción, y en tono crítico consideró: “Las empresas se ven beneficiadas por una política económica que los hace tener ganancias extraordinarias, y algunas, cuando les toca pagar, no pagan”; además consignó que tales maniobras ya tienen antecedentes en nuestro país: “Este no es un tema nuevo para el ministerio” (de Trabajo).
