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“Hace pocos días sale a luz a través de Diario Junio, que en el departamento de policía de Concordia, en Marzo del año 2004 se quemaron todos los archivos que tenían en su poder, hecho que coincidió, “casualmente”, con una resolución del gobernador de ese momento, Dr. Jorge P. Busti, donde ordenaba abrir esos archivos a quién lo solicitara.
Debemos recordar también, que en aquel momento, el Ministro de Gobierno,- que es de quién depende la policía- era el actual gobernador Sergio Urribarri.
¿Alguien puede imaginarse hechos como el acontecido que no haya sido ordenado por alguna autoridad de primer nivel político?, y menos aun en un tema tan sentido, como es el esclarecimiento de las atrocidades ocurridos en los peores años de la historia de nuestro país, donde se torturó, violó, robó y mato a miles de argentinos, por el solo pecado de pensar distinto al gobierno militar que se adueñó del país a sangre y fuego.
La policía es una Institución vertical, las órdenes se cumplen, no se discuten, y menos si estas emanan del nivel político de turno. Solo faltaría que la culpa, ahora, la tenga el policía que llevo a cabo la destrucción de esos archivos, o que digan que la firma de esa orden fue falsificada. El 24 de Marzo último cuando se cumplió 27 años del golpe militar, el gobernador Urribarri firma decreto N° 531 donde “facilita el acceso a toda la información que esté a su alcance para encontrar a las víctimas de las dictaduras militares desde 1955 a 1982 o a sus familiares directos “….
En Concordia hubo desaparecidos, todavía hay madres reclaman a sus hijos, todavía hay esposas que reclaman a sus maridos.
Llama la atención estos hechos donde, por un lado se autorizan abrir los archivos policiales a partir de 1955 y por otro se ordena quemar estos archivos en marzo del año 2004 en la segunda ciudad de la provincia donde hubo detenidos desaparecidos, siendo gobierno el partido Justicialista y cuyos actores principales fueron el actual gobernador y el actual presidente de la Cámara de Diputados.
Estas autoridades deben una aclaración a los entrerrianos, en especial a los familiares de los jóvenes desaparecidos en aquellos años, no pretendan erigirse en campeones de los derechos humanos cuando no los son, no traten de emular al presidente del Partido Justicialista Néstor Kirchner, que trata de hacernos cree que los derechos humanos comenzaron con él, cuando sabemos que se negó sistemáticamente a defender presos políticos, muchos de ellos justicialistas.
Por eso apoyamos la iniciativa del Bloque de Diputados Provinciales de la UCR. quienes presentaron en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, una denuncia penal, solicitando “que se investigue quienes, como y porque ordenaron la quema de los archivos policiales “
Alberto D. Rotman
Centro de Estudios sociales y Políticos de la UCR
