El juicio a Cecilia Goyeneche se inició tras la denuncia de los abogados Carlos Reggiardo, Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, quienes la acusaron de no haberse apartado de una de la “causa de los contratos truchos” de la Legislatura.
En la investigación, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, con la coordinación de Goyeneche, llegaron hasta el contador Pedro Opromolla, quien era amigo del marido de Goyeneche y con quien la propia procuradora compartió dos propiedades que compraron de pozo.
A pesar de que los investigadores pidieron 6 años de prisión para Opromolla, igual denunciaron a Goyeneche ante el Jurado de Enjuiciamiento provincial.
Uno de los néxos entre el contador y la fiscal salió a la luz cuando ordenaron embargar los bienes del acusado y uno de los departamentos que intentaron inmovilizar era Goyeneche.
Al final, la fiscal se apartó del caso luego de que se revelara esos nexos. Cuando le tocó defenderse en el jury dijo que nunca había tenido trato directo con el acusado porque el vínculo era con su marido.
En cuanto a la continuidad de la destitución, el reglamento del Jurado de Enjuiciamiento no prevé ningún recurso contra la decisión de remover al funcionario acusado. Sin embargo, en casos similares, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se admitió que quien fue echado presente un recurso de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de la provincia.
Luego, si el Superior Tribunal rechaza su planteo, podrá interponer un recurso extraordinario para llegar a la Corte nacional. Según agregó Clarín, cuando Goyeneche sea notificada tendrá ocho días hábiles para hacer la presentación.
