Tal como lo expusiéramos en la primera parte de este informe, publicado en DIARIOJUNIO el pasado viernes 2 del corriente mes; existe un alarmante número de mujeres que año a año pierden la vida por someterse la práctica de abortos clandestinos, a menudo en manos de improvisados y desvergonzados abortistas que no cuentan con instrumentos, ni instrucción, ni estructura médico-sanitaria que esté a la altura de esa demanda, y que hacen del drama por el que atraviesan estas embarazadas, un mero lucro.
La cifra promedio en la que coinciden la mayoría de las organizaciones que defienden los proyectos de despenalización, es de 500.000 muertes anuales por esta causa: Si, leyó bien, medio millón de mujeres que mueren al año por no contar con la posibilidad de que esta intervención les sea realizada en un centro de salud, con la seguridad médico-sanitaria que eso implica.
Y como bien le destacara uno de los lectores, en su comentario: La cifra aunque no es oficial; la dio a conocer públicamente en 2006 el ex Ministro de Salud de la Nación Ginés González García, en un entrevista para la revista VIVA, del grupo Clarín.
Pero según las cifras oficiales en Argentina “se practican” 500.000 abortos clandestinos por año, casi un aborto por minuto; de los que se hospitalizan 68.000 mujeres al año por complicaciones derivadas de esta práctica y el 24,2% de las muertes maternas son a causa del aborto clandestino, que ya es la segunda causa de mortalidad materna en el país, si solo se habla de 490 las mujeres que mueren al año por esa causa.
El punto es que eso que eso es lo que acusan las planillas hospitalarias. Pero claro está, los abortos clandestinos por lo general no se realizan en hospitales, y la mayoría de las muertes se registran por causas desconocidas, por “infección generalizada”, “paro cardio-respiratorio” o simplemente se repite la excusa que la misma víctima dio en la guardia “apendicitis” etc.
Según precisó a DIARIOJUNIO la socióloga y militante feminista Marcela País Andrade “el hecho es que por tratarse de una práctica penada por la ley, las mismas víctimas tratan de ocultarlo hasta que ya no pueden, y muchas veces mueren por temor a concurrir a un hospital y que se descubra que infringieron la ley” sobre todo cuando ello también significa la pena para los cómplices que pueden ser en muchos casos familiares.
Por otro parte, el hecho de que se trate de un tema que llega a las fibras más íntimas de cada individuo, incluso genera fisura entre militantes o representantes de un mismo espacio político, y de hecho hasta ahora parecía que sería eliminado de la agenda política, por la cercanía de las elecciones generales.
No obstante el pasado 29 de agosto el diputado nacional Juan Carlos Vega (CC) presidente de la Comisión de Legislación Penal, anticipó al medio porteño “Urgente24” que los proyectos sobre la legalización del aborto empezarían a tratarse entre la 2da. y la 3ra. semana del mes de septiembre.
Además, el diputado confirmó que en la Cámara de Diputados han sido presentados en los últimos años más de 40 proyectos sobre el tema, pero que el más trascendente quizás sea el expediente 0998-D-2010, presentado en marzo del 2010, y lleva la firma de más de 50 diputados de todos los bloques políticos.
Cecilia Merchán, Victoria Donda (Libres del Sur), Juliana Di Tullio (FpV), Miguel Barrios (Socialismo), Héctor Álvaro (de la Concertación), Adela Segarra (FpV), Silvia Storni (UCR), Nélida Belous (Proyecto Progresista), Claudio Lozano (Proyecto Sur), Verónica Benas, Eduardo Macaluse (SI), Claudia Gil Lozano (CC), Marcela Rodríguez (CC), Mónica Fein (Socialismo), Hugo Castañon (UCR), Horacio Alcuaz, Gerardo Milman (GEN), Fernanda Reyes (CC), Silvana Giudice (UCR), Héctor Recalde (FpV), Ricardo Cuccovillo, Roy Cortina (PS), Martín Sabbatella, Vilma Ibarra, Jorge Rivas y Carlos Heller (Nuevo Encuentro), entre otros, fueron algunos de los firmantes
La iniciativa que propone la Interrupción voluntaria del embarazo, fue promovida por las organizaciones integrantes de la «Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito», decidida por más de 20.000 mujeres reunidas en el XIX Encuentro Nacional de Mujeres, realizado en Mendoza en 2004.
El proyecto sostiene que cualquier mujer puede solicitar la despenalización del aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo.
Fuera del plazo establecido toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción del embarazo en los siguientes casos:
– Si el embarazo fuera producto de una violación, acreditada con denuncia judicial o policial o formulada en un servicio de salud.
– Si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer.
– Si existieran malformaciones fetales graves.
Previamente a la realización del aborto, se requerirá el consentimiento informado de la mujer expresado por escrito, y los servicios de salud del sistema público deberán garantizar el acceso gratuito a las prestaciones. Además el proyecto prevé que los sistemas de seguridad social de salud y los sistemas privados, incorporen este servicio a sus coberturas en igualdad de condiciones con sus otras prestaciones.
Asimismo deberán garantizar en forma permanente las prestaciones incluyendo el personal de salud, instalaciones e insumos requeridos.
OBJECION DE CONCIENCIA
Según prevé el proyecto de ley, los médicos y demás personal de salud que manifiesten objeción de conciencia para intervenir en los actos médicos a que hace referencia esta ley, deberán hacerlo saber a las autoridades de los establecimientos a los que pertenezcan dentro del plazo de treinta días corridos contados a partir de la promulgación de la Norma. Quienes ingresen posteriormente podrán manifestar su objeción de conciencia en el momento en que comiencen a prestar servicio.
Asimismo, especifica que los profesionales que no hayan expresado objeción en los términos establecidos no podrán negarse a efectuar las intervenciones. En todos los casos la autoridad responsable del servicio de salud deberá garantizar la realización de la práctica.
Las prácticas profesionales establecidas se efectivizarán sin ninguna autorización judicial previa.
MENORES
En caso de que la interrupción del embarazo deba practicarse a una mujer de menos de catorce años se requerirá el asentimiento de al menos uno de sus representantes legales, o en su ausencia o inexistencia de su guardador de hecho. En todos los casos la niña deberá ser oída y frente a cualquier otro interés se considerará primordial la satisfacción del interés superior de la niña en el pleno goce de sus derechos y garantías consagrados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Ley 23.849).
Si se tratara de una mujer declarada incapaz en juicio se requerirá el consentimiento informado de su representante legal.
Este proyecto, que por estos momentos es el que cuenta con mayor cantidad de adhesiones, puede ser modificado, claro está, pero es quizás el más viable.
Por otra parte, también hay otro proyecto, que fue presentado por el Bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario: Se trata del expediente 0659-D-2010 firmado por los diputados Martín Sabatella, Vilma Ibarra, Carlos Heller, Ariel Basteiro y Jorge Rivas.
Esta este proyecto propone que la mujer pueda decidir si lleva adelante el embarazo hasta la semana 14 de gestación. Y después de ese periodo, solo si el embarazo es producto de una violación, si pone en riesgo la vida de la madre, o si se comprueba la inviabilidad de la vida intrauterina.
EN EL SENADO
Mientras tanto en el Senado la Comisión de Justicia y Asuntos Penales analiza 3 proyectos de ley tendientes a modificar el artículo 86 del Código Penal, que establece las causas de abortos no punibles.
Fueron presentados por la chaqueña Elena Corregido (FPV), la formoseña Adriana Bortolozzi (Esperanza Federal) y la puntana Liliana Negre de Alonso (PJ).
Los puntos principales del proyecto de Corregido son dos: el primero apunta a que el aborto sea no punible para cualquier mujer que vea en peligro «su vida o su salud» tanto física como psíquica y/o social; y el segundo, a que este diagnóstico sea emitido por cualquier profesional, fuese o no el que vaya a realizar la intervención. Y el cirujano tampoco podrá requerir «la opinión de ningún comité de ética».
Este proyecto cuenta con el apoyo de las oficialistas Teresita Quintela (La Rioja), Nancy Parrilli (Neuquén) y Ana Corradi (Santiago del Estero), y también de los representantes del ARI de Tierra del Fuego, José Martínez y María Díaz.
En tanto, la iniciativa de Bortolozzi apunta a legalizar el aborto en todos los casos de violaciones.
A diferencia de éstas, la propuesta de la senadora nacional Negre de Alonso, (fuerte aliada del cardenal Bergoglio) intenta restringir aún más el artículo 86 del Código Penal y limitar las interrupciones del embarazo sólo a las situaciones en las que corre riesgo la vida de la mujer.
Hoy el Código Penal Argentino establece en su artículo 86, penas que van desde los 3 años a 10 años de prisión, e inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, para los” médicos, cirujanos, parteras, o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo”.
Tal lo apunta el código penal: “El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible en el caso de las excepciones siguientes:
1º. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios;
2º. Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto».
Cabe destacar que en el segundo apartado, la despenalización del aborto para casos de violación, no es aplicable a mujeres con sus facultades mentales normales, solo por la ausencia de una coma, al final de la palabra “violación”.
NÚMEROS FRIOS
* El 11% de las mujeres latinoamericanas que mueren por causas relacionadas al embarazo fallecen como consecuencia de un aborto clandestino.
* En Argentina esa cifra es más del doble: El 25% de la mortalidad materna es atribuida a las interrupciones mal realizadas.
* Según sifras oficiales en el año 2009, 429 mujeres murieron a consecuencia de abortos mal realizados, o sea, muertes evitables y otras tantas sobreviven pero quedan con serios problemas de salud que también podrían ser evitables. Argentina, teniendo un presupuesto mayor en salud que países como Bolivia, chile y Uruguay, tiene cifras mayores en mortalidad por causas asociadas al aborto-
* Según informe del Estado de la Población Mundial (UNFPA, 2009).
La problemática de muerte de mujeres por abortos está asociada a la poca información sobre educación sexual, la falta de acceso a salud reproductiva -agravada en zonas pobres- es decir, falta de políticas públicas hacia la juventud respecto de educación sexual y acceso a posibilidades de prevención.
DESPENALIZAR EL ABORTO NO ES PROMOVERLO
Consultada por este proyecto de Ley, la socióloga e investigadora del CONICET, Marcela País Andrade, opino: “Sin duda es importante porque es una gran demanda social, y en esto hay que entender que ninguna mujer quiere abortar, ninguna mujer se quiere morir por abortar, pero si no hay otra respuesta, es el Estado el que nos debe garantizar la mejor forma de resolverlo; nadie quiere que esto suceda pero sucede, entonces despenalicemos, dejemos de tratarlas como asesinas, y tratemos de brindarles desde el Estado las mejores condiciones para que estas mujeres no se mueran”
Por otra parte, invitó “a Todos a leer el proyecto de ley que se presenta en el congreso, porque no es una ley abortista, no es que está diciendo que vallamos todas a abortar, no es así, lo que dice la ley es que esta es una situación que queremos evitar, pero mientras que esta situación no se pueda evitar y las mujeres se sigan muriendo por esta causa, el estado no se puede quedar de brazos cruzados”
Asimismo, País Andrade aclaró que “este proyecto propone que para efectuar el propio acto de sacarse un bebe, una mujer deberá pasar por un montón de instancias con diferentes profesionales, donde se les explicará que es lo que van a hacer, y se les da otra opción, se les dan más alternativas; es decir, la posibilidad de tener ese hijo y que te ayude el Estado, la posibilidad de tenerlo y darlo en adopción, hay un montón posibilidades que pensar antes de tomar la decisión del aborto, y si se despenaliza se logra que las mujeres tengan visibilidad para el Estado, y entonces se puede abordar el tema porque tal vez, hay otras alternativas, pero ellas no las ven, no las conocen” concluyó.
