Como ha ocurrido otras veces, escuchamos por allá, por acá, nos muestran la puntita del ovillo, la observamos, nos vamos, pensamos, y, si nos parece de interés volvemos y comenzamos a tirar. Más o menos así ocurrió cuando en “Debate y Opinión” publicamos una primer nota, más bien general sobre la situación que se vivía en el IAPV (Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda). Eso fue hace ya casi un mes y esa puntita con la que comenzamos, parece ser sólo la partecita minúscula de un enorme ovillo del que todavía seguimos tirando.
Desde ese momento hasta ahora, ha aparecido de todo, desde “El Recaudador” de la costa del Uruguay, “encargado de juntarles la cabeza a los contratistas (3 %)” (ver DIARIOJUNIO) ; hasta un memorandum interno en los que quedan expuestas algunas de las irregularidades ; así como Inspectores desnudando la situación de indefensión en la que se encuentran frente a contratistas que los amenazan y patotean, “actuando con impunidad” y con la evidente complicidad de las autoridades de la regional.
Desde esto, hasta contratistas que cumplen, no cobran y amenazan con paralizar obras (que ya debieron estar finalizadas hace tiempo), pasando por la consabida acusación de que formaríamos parte de una operación de prensa (sin mencionarnos ni precisar quiénes serían nuestros supuestos mandantes), hasta panfletos difamantes que solo logran confirmar la buena senda.
Todo esto, en el marco de una provincia mal calificada en la que aún no se comenzó con el Plan de Viviendas sociales Federal II cuando en muchas ya se está en el Nº 5, y con una Regional, como esta (Salto Grande) cuyas cuentas están embargadas.
EL ATRASO PROVINCIAL DE LOS PROGRAMAS NACIONALES
SOLIDARIDAD : Se trata de un plan de 24 grupos habitacionales distribuidos en distintas ciudades de la provincia cuyas viviendas aún no han sido entregadas a sus respectivos beneficiarios (personas de escasísimos recursos) debido a que resta completar aproximadamente el 20 % para el final de obra. El dato llamativo es que para que ello ocurra hacen falta aproximadamente $ 7 millones y a la Nación solo le resta enviar $ 3 millones, es decir, hay un déficit de $ 4 millones.
FEDERAL I: En este caso, son 42 grupos habitacionales que, a pesar de que ya debieron estar entregados hace tiempo, solo se ha efectivizado la entrega de 21 de ellos, es decir, la mitad. También en este caso faltan $ 7 millones para finalizar las obras. La Nación ya envió todos los fondos.
FEDERAL II: Aquí, en este plan, se produjo un hecho curioso. También son 42 grupos habitacionales como en el anterior solo que, esta vez, la Nación envió el adelanto ( 15 % del total de la obra) directamente a las empresas. Así nos lo contó uno de esos empresarios contratistas, quien además agregó: “enterada la Nación de los líos que hay en la provincia, trató directamente con nosotros”. El mismo confidente aseguró que la provincia no conseguirá más fondos de la Nación hasta que pague lo que le debe a las empresas y ponga punto final a los programas mencionados.
Por los datos aportados debería inferirse que la provincia gasta el dinero en otra cosa, lo desvía, que no está haciendo bien las cosas y que, incluso eso está dicho en la misma provincia.
MEMORANDUM
En efecto, Debate y Opinión consiguió un memorandum fechado el 21 de marzo que lleva la firma de Adriana Noe de la Contaduría General de la Provincia en la que le hace saber al presidente del IAPV José Cáceres que, por lo menos, dos resoluciones del directorio que preside (la 1069/05 y 35/06), no contemplaron medidas legales y necesarias, tales como la participación de ese organismo en un elemental control de los dineros. En argentino básico, Cáceres “puenteó” a la Contaduría para poder adjudicar obras correspondientes a las licitaciones públicas desde la Nº 01/05 hasta la 16/05, es decir, en total 15 obras del Programa Federal.
Porque esa Contaduría “no ha tomado intervención de competencia en la etapa preventiva conforme lo establecen Resoluciones y Directivas…” y si se verificaran situaciones que contraríen las normas “se abstendrá de intervenir en las ordenes de pago”. En otras palabras, esta podría ser una de las razones por la que varias empresas que han cumplido con sus contratos no reciben los pagos correspondientes y ya han amenazado con paralizar y detener las obras. De hecho muchas de ellas están trabajando con el 20 % de su personal debiendo recurrir a la usura para cumplir con sus obligaciones, incluso, en Concordia, hay varias empresas de materiales de construcción que cancelaron las cuentas corrientes con esas constructoras por falta de pago.
La misma contadora le recuerda a Cáceres la vigencia de la Ley 5140 de Administración Financiera, así como el capitulo de las “responsabilidades”, y agrega “siendo responsabilidad exclusiva de los funcionarios o agentes que realicen actos o hechos, o adopten decisiones contrarias a las normas establecidas por leyes,…que afecten la hacienda pública”.
Llamativa es la respuesta de Cáceres quien señala que “para agilizar los trámites exigidos por la nación” y ante la posibilidad de “perder una inversión de $ 40 millones” prefirió adjudicar obras, aún a sabiendas y “entendiendo y reconociendo las objeciones planteadas por la Contaduría”. Quizás nunca sabremos, aunque lo sospechemos, si esas obras estuvieron bien o mal adjudicadas, sí sabemos que se trata de $ 40 millones, nada menos. Cáceres no explica por qué razón tuvo que hacer todo a las apuradas, “agilizar los trámites”, y sería impropio inferir que la Nación “lo obligó” a incumplir la ley.
Otro dato llamativo es la carta (fechada el 09/06) que la Cámara de la Construcción le envió al gobernador Jorge Busti. Allí le anticipan que 3 días después, es decir el 12/06, habrá una reunión entre las autoridades del IAPV con la Contaduría General “a fin de dar solución al problema administrativo contable de auditoria que está trabando el pago de los certificados”.
La Contaduría, no está “trabando los pagos” como dicen las empresas firmantes (entre las que aparecen los recaudadores de ambos ríos), vela por el cumplimiento de la ley, simplemente. De modo entonces que esa carta al gobernador tiene toda la apariencia de una fenomenal “apretada” a la Contaduría General en la que aparecen coincidiendo el IAPV y las empresas, buscando además la complicidad de Busti.
Está claro, de acuerdo a lo que “Debate y Opinión” pone en conocimiento, que NO HAY ORDENES DE PAGO porque hay “situaciones que contrarían la normativa aplicable”.
REBELIÓN EN LA GRANJA
Mediante lo que podría llamarse una acción de desagravio, Inspectores del IAPV acaban de desnudar la situación que se vive la Regional Salto Grande de ese organismo, de la indefensión que sufren y acusan a Olivera de respaldar a las empresas antes que a ellos. En efecto, luego de una carta publicada en DIARIOJUNIO en la que el titular de la Regional Salto Grande del IAPV (Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda), Carlos Olivera, acusara a los Inspectores de su seccional de no cumplir con sus tareas, estos le enviaron una carta documento en la que lo intiman a ratificar o rectificar sus dichos. A pesar de la importancia de esa carta, más trascendente aún, es cómo los 7 inspectores de obra de ese organismo, desnudan no solo “la falta de recursos para trabajar con normalidad…” sino, y lo que es más grave, que esa falta de recursos pareciera no ser el producto de la pobreza, sino de una aviesa intención que tiende a favorecer a las empresas que incumplen con los contratos. Lo dicen así: “falta de respaldo a nuestra gestión cuando aparecen conflictos con esas empresas”. Los conflictos a los que se refieren es a que, ante la denuncia de ellos por la mala calidad de los trabajos de algunas empresas o demoras en las entregas, estas actúan con impunidad y amenazantes por el sólo hecho de sentirse controlados.
Un hecho más grave aún, es que los inspectores aseguran que son “puenteados” para que el incumplimiento de las empresas no quede asentado; es decir, en vez de ser los inspectores, son los directivos de la regional quienes firman certificados, falseando de ese modo la realidad.
Tanta fue la gravedad de la denuncia efectuada por los Inspectores (ver nota 28/06/06 publicada en DIARIOJUNIO), que varios dirigentes de ATE llegaron a Concordia con el único objetivo de mantener un encuentro con los denunciantes. Al final de esa reunión firmaron un documento, dirigido a Cáceres y al resto del directorio, en el que le exigen que “en forma inmediata se garantice la seguridad personal y laboral de los trabajadores”. Al mismo tiempo le hacen conocer el documento de denuncia elaborado y firmado por los inspectores.
LEJOS DEL PANFLETO DIFAMATORIO
Uno de los recursos habituales de quienes tienen mucho para explicar y pocas ganas de contarlo, es el panfleto. A través de él, dan rienda suelta a su imaginación, aseguran cosas que no se animarían a sostenerlas ni siquiera en ámbitos privados e intentan desviar el eje del debate. No se trata solo de gente que no se anima a dar la cara, es mucho más que eso, se trata, en la mayoría de los casos, de personas que se sienten descubiertas y que recurren al volante difamatorio para asustar a los destinatarios.
Los datos que “Debate y Opinión” aporta en esta nota, dan cuenta de situaciones que llevan a sospechar con un alto grado de certeza que la vieja aseveración de que la principal vía de corrupción en el Estado es a través de la obra pública, no es sólo un mito. Uno de los empresarios que, con la condición de guardar su identidad, habló con “Debate y Opinión” dijo que siempre hubo una cuestión tácita entre funcionarios y empresarios y consistía en que, en la vivienda social no podía haber “agachadas, curros”. Es decir, “siempre hubo conciencia de que no podíamos joder a los más necesitados”. Aunque dudoso, habrá sido así antes, desde el 90 en adelante, los pobres fueron siempre el blanco preferido. Sólo basta con recordar la historia más reciente de este país, la ciudad y la provincia como para despejar las dudas.
