Como cargos, se le imputa no haber hecho las conciliaciones bancarias en tiempo y forma y con ello, haber permitido que Giménez sustrajera fondos. “En realidad, la imputación no tuvo como base un articulado concreto del Código Penal”, aclaró una fuente cercana al diario El Día de Gualeguaychú.
Durante la audiencia Watters escuchó, rechazó los cargos, aclaró algunos puntos sobre las conciliaciones bancarias e informó que no haría declaración alguna, en uso de su derecho. “No estaba en condiciones anímicas”, agregó la misma fuente, comentando además que la secretaria de Giménez “contaba además con un certificado médico”.
Cabe recordar que en realidad, la empleada ya había declarado en sede judicial poco después de que Irigoyen hiciera la denuncia, pero lo había hecho en calidad de testigo. En ese momento, se explayó sobre todo lo que había visto, oído y constatado. Pero al cambiar su situación a imputada, aquella primera declaración queda anulada. Por lo tanto, es como si nunca hubiera declarado (a excepción de las breves explicaciones que dio ayer sobre conciliaciones).
El juez Roberto Javier Cadenas tiene ahora diez días para decidir la situación procesal de la empleada municipal.
