Previo a esta imputación, Irigoyen mantuvo duros cruces con concejales opositores. El diputado Osvaldo Fernández (UCR Gualeguaychú), incluso, solicitó la intervención del Tribunal de Cuentas de la provincia señalando falta de controles elementales en ese municipio.
Antes de ser procesado, Pérez declaró durante dos horas y media ante Cadenas, adonde llegó acompañado por su abogado defensor, Félix Castillo. El contador Pomés, en tanto, lo hizo desde las cuatro de la tarde hasta las nueve de la noche, asistido por los doctores Celia Borro y Gustavo Rivas. En ambas audiencias participó el abogado Jorge Impini, defensor del ex tesorero Giménez. También participo el fiscal Rubén Chaia.
Junto a Irigoyen, deberá también concurrir a los tribunales Mariela Watters, ex secretaria del preso Giménez.
A los mencionados funcionarios no se los responsabiliza por haberse llevado el dinero, sino por no haber controlado adecuadamente para evitar la maniobra.
Con estas medidas, el juez cumple con lo reclamado por el fiscal Rubén Chaia, quien había solicitado que la investigación se extendiera a otros los funcionarios del Ejecutivo Municipal, ya que la Ley Orgánica de Municipios Número 3.001 fija una cadena de responsabilidades en cuanto a las funciones de los integrantes del Ejecutivo, y las 22 observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas de la provincia en los últimos años, cuestiones que no habrían sido tenidas en cuenta, en rigor, una posición coincidente con la postura del diputado radical Fernández.
En declaraciones al programa «A quien Corresponda» Irigoyen dijo “es lo más complejo que debí afrontar durante mi gestión”. Asimismo, resaltó que trata de “no mezclar políticamente” el tema y destacó que “el ilícito no lo cometió ningún funcionario político sino un hombre de carrera del municipio”.
