La presente aclaración se formula en razón de que la redacción de una nota aparecida en la fecha en el matutino El Diario, la cual, según el organismo gubernamental “da lugar a interpretar que se habrían incumplido plazos legales previstos para la presentación del informe de marras”.
Respecto de las inquietudes de a los legisladores, Miraglio explicó que todos los contribuyentes en apremio pudieron acogerse a los beneficios de la Moratoria 2004 y que “en ningún caso el Estado debió solventar honorarios profesionales a favor de procuradores fiscales”.
Remarcó que “se va a exponer toda la información con que se cuenta porque es nuestra obligación legal. Sin embargo hay que recordar el problema central de los honorarios estuvo originado por la transferencia para la procuración al Fideicomiso BERSA de los créditos de contribuyentes morosos. Eso ocurrió durante la gestión Montiel-Milano y ocasionó el devengamiento de importantes sumas en honorarios que debieron ser solventados por los contribuyentes al momento de acogerse a la Moratoria 2004“, relató.
“Esta administración lo que hizo, fue facilitar el acceso de todos los apremiados a la Moratoria, condonar los honorarios que se habían producido por la gestión del Fideicomiso BERSA a los titulares de vivienda única y establecer el pago financiado de los honorarios devengados en las mismas circunstancias para los titulares de más de un inmueble. Esos honorarios, del 7 y 9 por ciento según el caso fueron fijados por debajo de lo estipulado por la ley de aranceles”, expresó.
“Debe quedar bien claro”, recalcó “que la ley nunca autorizó a la DGR ni a nadie a percibir honorarios por la gestión de la Moratoria, hecho que ha sido totalmente gratuito para el contribuyente”, expresó.
