Además esperan la respuesta del presidente del CGE, José Luis Panozzo, al pedido de audiencia que presentamos los organismos para plantearle estas preocupaciones. Y al gobierno provincial reclamaron que no se permita este tipo de atropellos por parte de la Policía, la cual debe actuar dentro de los límites de la ley y de las instrucciones impartidas por una conducción política democrática y respetuosa de los derechos humanos.
Como es de público conocimiento, y según lo ha admitido la propia Jefatura Departamental de Policía en un comunicado, la fuerza de seguridad actuó este martes tras recibir un llamado telefónico anónimo. Al parecer, alguien se sintió molesto por lo que consideró “activismo”.
“No fue casual que los efectivos ingresaron al establecimiento inmediatamente después de que algunos participantes de la actividad exhibieran fotos de Santiago, a quien buscamos desde el 1 de agosto tras ser reprimido por Gendarmería. Se retiraron luego de dialogar con el director, quien les explicó de qué se trataban las jornadas. Nos parece todavía más preocupante que nuestra policía provincial se presente vestida de civil”, añadieron desde H.I.J.O.S.
La presencia de la fuerza de seguridad, sin identificación y sin su correspondiente uniforme, en un establecimiento educativo entrerriano “acentúa la gravedad” de los hechos que se están viviendo, ya que demuestra que esa institución del Estado “se hace eco del hostigamiento que impulsan sectores minoritarios que hacen objeto de denuncia a las temáticas referidas a Derechos Humanos y actúa en concordancia con los anteriores episodios de persecución que han sufrido estudiantes y docentes por llevar a las aulas estos contenidos”.
“Nos solidarizamos con los compañeros y compañeras docentes, así como con los y las estudiantes que han sufrido estos actos intimidatorios, con los cuales se pretende frenar el reclamo popular por el paradero de Santiago”.
H.I.J.O.S. exige al Consejo General de Educación el pleno respeto del derecho a la libre expresión y que garantice las condiciones para que este derecho sea ejercido en las escuelas de Entre Ríos y se cumpla con lo dispuesto al respecto en la normativa vigente. Y recordaron que existen resoluciones del CGE, leyes nacionales y provinciales que avalan el tratamiento de estos contenidos en las escuelas, en tanto buscan generar “reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos”, como dice el texto de la Ley Nacional de Educación N° 26.206.
A más de cuatro décadas de la última dictadura cívico-militar y luego de tantos años de lucha de los organismos de Derechos Humanos por el enjuiciamiento de los crímenes cometidos por el Terrorismo de Estado, la mayoría de los entrerrianos y entrerrianas han incorporado al sistema democrático las banderas de Memoria, Verdad y Justicia y han construido un sólido consenso acerca de las prácticas que no está dispuesta a revivir en democracia.
Sin embargo, denunciaron que, a partir de la nueva administración del Poder Ejecutivo Nacional, se ha manifestado un fuerte retroceso en las políticas de Derechos Humanos, se ha relativizado la magnitud del genocidio y el número de desaparecidos, se han cerrado programas referidos a tales problemáticas, se ha restado apoyo a los Juicios por delitos de lesa humanidad y se ha acudido a un negacionismo expreso respecto del accionar del Terrorismo de Estado en nuestro país.
Al mismo tiempo, la violencia represiva es la respuesta para los conflictos sociales derivados del plan económico neoliberal impuesto y, en ese marco, la desaparición de Santiago Maldonado es una “herida sangrante”. “No permitiremos que logren su objetivo de sembrar el miedo para frenar la movilización popular ante tantos atropellos”, indicaron.
