La resolucion se tomó ante la falta de acuerdo económico entre la obra social de los pasivos y las prestadoras de diálisis e impactará en la atención de los más de 400 centros que ofrecen el servicio en el país. En promedio, reciben por mes entre 250 y 300 pacientes nuevos de Pami. Actualmente hay cerca de 10.000 afiliados de la obra social en tratamiento, que seguirán recibiendo el servicio.
Las autoridades de Pami expresaron su sorpresa ante la decisión y garantizaron la atención de sus afiliados. A través de un comunicado, anunciaron que irán a la Justicia para pedir el dictado de una medida cautelar de “no innovar” ante lo que consideraron “una amenaza” de las cámaras del sector.
“No es una medida de fuerza, sino, de imposibilidad de seguir prestando un servicio debido a que el precio que recibimos por cada sesión de diálisis no logra cubrir los costos mínimos. Hay un desfasaje entre el valor que paga Pami ($ 5.600 la sesión) por las prestaciones y el valor real de las mismas. El desajuste es superior al 40%” señaló el titular de la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra), Miguel Discépolo.
Desde el sector, aseguraron que para cubrir los gastos necesitan $ 8.000 por sesión, lo que sin margen de rentabilidad representa el reclamo de un aumento de $ 2.400. El último ajuste fue en agosto de 2019. Una suba de alrededor de un 69% que se hizo de forma escalonada, en concepto de todo lo que venía atrasado. En los últimos dos años cerraron cerca de 20 centros por cuestiones
Pami informó que no registran “absolutamente ni una deuda” con las entidades del sector y confirmaron que este año “las prestadoras de diálisis aumentaron el 70% su facturación con respecto al año pasado”, destacando que la suba superó a la inflación. Además se remarcó la voluntad de diálogo del organismo y se ratificó el “compromiso como obra social en el fortalecimiento de todo el sistema de salud, asegurando todos los pagos en tiempo y forma”.
