La senadora apunta a genrar políticas que promuevan el empleo genuino y el acceso a unidades habitacionales a sectores de ingresos bajos y medios. Según el proyecto, estos estratos de la población no pueden acceder a programas estatales, ni a los créditos habilitados para adquisición de vivienda propia o a locaciones de promoción vigentes. Además, hay un persistente aumento del déficit habitacional y se producen revaluaciones desproporcionadas.
El régimen consiste en beneficios impositivos -exenciones, deducciones, reintegros y pagos a cuenta por cincuenta años- a esas inversiones como factores multiplicadores de la economía destinados a paliar el déficit habitacional, la marginalidad y la desorganización social.
Las inversiones promovidas serán destinadas a la: construcción, subdivisión, ampliación, remodelación, mejora, terminación y/o refacción en forma total o parcial de la edificación y/o de la infraestructura de servicios y/o reparaciones de mantenimiento. Los inmuebles a los que alcanzaría el proyecto pueden albergar hasta 300 unidades habitacionales -viviendas individuales y/o unidades funcionales de viviendas colectivas o de propiedad horizontal- situadas en el país destinadas a locación, con o sin opción de compra.
Con el régimen propuesto se logrará reducir los alquileres, no sólo aumentando significativamente el número de viviendas en locación, sino también en locación con opción a compra a muy largo plazo.
