Los establecimientos rurales con actividades productivas tendrán una suba del 8,3 por ciento, y los del servicio rural general, 9,9 por ciento. Los considerados en la categoría “medianas demandas” deberán pagar un 9,3 por ciento más a partir de agosto. Por otro lado, la provisión de electricidad al alumbrado público será un 9,1 por ciento más caro. Por su parte, con el objetivo de atenuar el impacto en las boletas de los pequeños consumidores, el Gobierno dispuso dos decretos de reducción impositiva: el 3.829, que dispone que la alícuota por la cual los municipios cobran la tasa por alumbrado público no pueda superar el 16 por ciento y el 3.830, por el que se modificaron los porcentajes de aportes al Fondo de Electrificación de Entre Ríos (Feder).
