“Es de recordar que el año pasado se intentó poner en marcha, pero fracasó debido a que venció el plazo para su concreción. La República Argentina y sobre todo el Parlamento tiene una deuda moral, consigo y con el conjunto de la sociedad puesto que el fallo de hace 10 años del juez Ballesteros, producto de la investigación realizada por Don Alejandro Olmos sobre la deuda externa, duerme en el Congreso de la Nación, sin ningún tipo de determinación”, señala Rogel.
“La comisión permitiría: primero cumplir con el deber moral del Parlamento e inmiscuirse algo que es de su propia competencia. Y en segundo lugar podríamos mostrarle a la sociedad, que así como el gobierno está empeñado en llegar hasta las últimas consecuencias para llegar a verdad y justicia respecto del terrorismo de Estado, en este tema el gobierno está esquivando o eludiendo”, indicó el legislador. Agregó que “los argentinos deben saber cómo se contrajo la deuda que condiciona a miles y miles de personas”.
En el mismo sentido también se presentó un proyecto de resolución solicitándole al Poder Ejecutivo para que demuestre “mediante qué documentación fehaciente o registro contable estamos haciéndonos cargo de la deuda con el Club de París”. “En documentación que le fuera alcanzada a Pino Solanas –dijo Rogel– el Estado no registra asiento contable que se está pagando, que es parte de la deuda ilegítima y que fue contraída en la dictadura. El propio Banco Central y el Ministerio de Economía han comunicado mediante nota al diputado Solana, documentación que poseo, que no tienen registro que demuestren de qué manera se contrajo esta deuda”.
Sostuvo el legislador entrerriano que proyecto pregunta cuál es la composición de las obligaciones que la Argentina reconoce como válidas a los fines de la negociación, detallada por acreedores oficiales o privados, tipo y origen de las operaciones que dieron lugar a la deuda. En segundo lugar, cuáles fueron las deudas contraídas por la dictadura entre 1976 y 1983, y en tercer punto cuáles de dichos compromisos provienen de transferencias al Estado argentino de deuda externas privadas identificando a las empresas que originaron dichas obligaciones.
“Los dos proyectos que van en el mismo sentido tienden a que en la más mínima relación comercial que uno establece, desde la compra de zapato hasta la contracción de la deuda pública, debe exigir comprobantes y registros contables que demuestre que no se está estafando al conjunto del pueblo argentino”, dijo por último el legislador nacional.
