El Gobierno obtuvo ayer un primer fallo favorable a su estrategia. El juez de Instrucción Nº 5, Oscar Dosbá, no hizo lugar a la medida cautelar presentada en uno los amparos que buscó neutralizar la voluntad oficial de aplicar descuentos salariales por la adhesión a los paros. De esa forma, aunque dio lugar al planteo de fondo, para lo cual corrió vista al agente fiscal, le dejó las manos libres al Ejecutivo para avanzar con su decisión de sancionar la adhesión a las huelgas.
El fallo del juez Dosbá se produjo en el marco de una acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones 1.909 y 1.910 del CGE presentado por las docentes Inés Quiroz, Lucía Salcedo y Manuela Rodríguez.
Anoche, el fiscal adjunto de la Fiscalía de Estado, Pablo Bauducco, explicó que una de las “consecuencias de la resolución del juez es que si bien la acción de inconstitucionalidad se va a seguir discutiendo, las resoluciones 1.909 y 1.910 cobran plena vigencia, es decir que se puede efectivizar el descuento de los días de paro. Esa es la consecuencia jurídica del rechazo a la medida cautelar”.
“Catarata” de presentaciones
Los gremios —la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Unión Docentes Argentinos (UDA), y desde ayer el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop)— resolvieron rechazar por la vía judicial la medida mediante la presentación de acciones de inconstitucionalidad contra cualquier decisión del CGE “que afecte la integridad del salario”, según el texto de los mandatos judiciales que hasta ayer, sumaban alrededor de 4.000 en toda la provincia.
Este mediodía vence el plazo para que los afiliados de Agmer hagan las presentaciones individuales y esperan una “catarata”, según dijo Patricia Rodríguez, secretaria de Prensa. Para los agremiados de AMET, el plazo se extiende hasta el 22.
