DESCONFÍO : 600 millones en medicamentos ponen a De la Rosa en la lupa del Tribunal de Cuentas

LO QUE AFIRMAN QUERER

El Ministerio de Salud afirma querer “mejorar la prestación y eficiencia de la inversión, o sea “mejora posible en los resultados a menor costo”, tal como lo dicen ellos.

Para ello se proponen comprar medicamentos y material biomédico para ser destinado a los 65 hospitales de la provincia.

Actualmente cada hospital compra los medicamentos necesarios a cada una de las 39 droguerías que existen en la provincia. Las compras se realizan en base a licitaciones con medicamentos y material biomédico puntuales de modo de hacer funcionar la competencia entre ellas.

El sistema funciona de este modo entre otras razones porque no existe en la provincia un depósito de drogas desde donde se distribuyan estos elementos. Asimismo y según nuestra información tampoco ese tipo de depósitos existen en los hospitales o al menos en varios de ellos, por lo que nadie se explica aún como, donde y con qué criterio resolverán la concentración y posterior distribución de los mismos.

Por si faltaran datos, de los 65 hospitales mencionados solo poco más de 40 tienen farmacéutico a cargo.

Asimismo, el ministerio a cargo de De la Rosa carece de un sistema informatico capaz de conocer y ofrecer respuestas en tiempo real a los necesitados. De la Rosa se propone darle ese otro negocio a estas multinacionales que, de ese modo, serían incontrolables. Obviamente el TC desaconseja tal operatoria.

 

El TRIBUNAL DE CUENTAS LAPIDA

Elena Ballhorst, Fiscal de Cuenta N° 4 analiza el expediente en cuestión, el 843/2016. En ese escrito y en las “consideraciones previas” aclara que desde siempre se planteó la necesidad de mejorar el gasto y que las recomendaciones versaron sobre tres ejes a saber :

Obtener mejores precios en las compras ; debido respeto al régimen de contrataciones del Estado y contar con un sistema informático que permita tener un stock actualizado de medicamentos de modo de poder programar las compras.

La primera lápida viene al recordar que “la administración está obligada a respetar los principios de publicidad, transparencia, libre concurrencia e igualdad”. Estos principios aclara, son en post de “lograr eficiencia en la contratación”.

Vale destacar que, en este caso, ninguno de estos principios fue respetado. Ni las droguerías ni los laboratorios estaban enterados de esta nueva modalidad de compra. O sea, ni publicidad ni transparencia y a la hora de la igualdad lo propuesto es peor aún.

Cita al administrativista Juan Carlos Cassagne cuando afirma lo contrario a este pliego de licitación. Esto es “al promover la concurrencia del mayor números de ofertas”, se consigue mejor precio, o sea “eficiencia”.

Además, plantea la necesidad de parte del Estado de “proveer a la defensa de la competencia”.

Como se observa, nada de esto ocurre en el planteo del ministerio de salud.

Por si faltara, el pliego exige a los oferentes propuestas totales de material biomédico y medicamentos impidiendo que realice o formule propuestas parciales “atentando dice, con el principio básico de concurrencia”..

La fiscal tampoco se explica porque eligen el sistema “consorcios de cooperación” y no otras figuras asociativas. Critica la falta de sistema informático propio  así como que no se encuentre prevista la clausula de rescisión anticipada del contrato por parte del Estado.

EL REMATE

En síntesis, señala “es esencial poner énfasis en no limitar el acceso a los distintos oferentes y posibilitar la presentación no solo de aquellos de mayor capacidad económica, o que posean la totalidad de los medicamentos, sino también de laboratorios y droguerías de esta provincia..

La maximización de ofertas conlleva necesariamente un mejoramiento en los precios, como asimismo la diversificación del riesgo de incumplimiento del contrato”. 

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