El 30 de diciembre de 2005, el fiscal Héctor Millén dictaminó que era usurpación, porque considera que se trata de tierras santafesinas. El fiscal consideró estar ante el posible delito de usurpación (artículo 181 del Código Penal) y le pidió al juez Giavedoni que disponga lo necesario para que se termine con esa situación, por medio de la fuerza pública, volviendo a la situación original.
Luis Antonio Audisio, presidente de Audisio SA, es propietario de una extensión de islas Las Palmas, ubicadas sobre el arroyo del mismo nombre y el río Paraná en la zona nordeste de Santa Fe, en el Departamento San Javier.
Sus terrenos están inscriptos en el Registro de la Propiedad de la provincia vecina. Figuran los primeros como adquiridos en 1988 y los subsiguientes en 1992 y 2002.
Audisio denunció a Emilio Aroldo Eduardo Castrillón, domiciliado en La Paz, por haber usurpado sus terrenos y trasladado alambrados y animales. Primero lo intimó a través de cartas documento alegando su propiedad y luego lo denunció en 2004, ante el Juzgado Correccional de la Tercera Nominación, a cargo del doctor Orlando Pascua.
En cambio, Castrillón presentó una resolución desde la Dirección de Desarrollo, Economía y Mercados de Entre Ríos –dependiente de la Secretaría de la Producción– fechada el 25 de agosto de 2005.
La misma dispone que las nuevas formaciones identificadas como Isla Don Roberto e islote adyacente, ubicadas a la altura del kilómetro 800 del río Paraná, se insertaban en el Registro de Islas Fiscales como propiedad del Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y con la denominación Don Roberto I e islote Fulminante. La Justicia santafesina consideró como válida la documentación del Registro de la Propiedad.
Otras presentaciones de Audisio realizadas el 15 de diciembre de 2005 ante el Juzgado Correccional de la Octava Nominación se acumularon a la causa. El fiscal Pedro Guevara formuló la requisitoria de instrucción y se acumuló en el Juzgado Correccional del juez Pascua.
Audisio había denunciado a Castrillón por construir un alambrado de unos 500 metros, en un terreno que es de su propiedad. El legislador entrerriano desconoció la medida judicial que se adoptó al respecto y además incorporó cerca de 100 animales en esa isla, propiedad de la firma Audisio Sociedad Anónima, desde 1988.
Pese a que los terrenos pertenecen a Santa Fe, Castrillón habría logrado que profesionales de la Dirección de Catastro de la provincia de Entre Ríos concurrieran al lugar, tomaran las medidas pertinentes y la anotaran en los registros de esa provincia.
