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¿Derechos o torcidos? La discapacidad en Argentina

Para la Lic. Luciana Escati Peñaloza, Directora Ejecutiva de la Federación, “el Plan Nacional de Discapacidad debería focalizarse en el abordaje transversal de una Política de Estado referida a la discapacidad que contemple los siguientes aspectos:

  1. Teniendo en cuenta la validez e importancia del Certificado Único de Discapacidad (CUD), dado que es el primer acceso a los derechos. Hoy, no sólo se escucha a funcionarios lamentar de su existencia, sino que es negado en forma sistemática a personas con discapacidad visceral, disminuidos visuales y/o personas con hipoacusia. Algo así como si la discapacidad solamente pasara por los compromisos motrices o diagnósticos como el Síndrome de Down.
  2. La obtención del CUD por parte del colectivo de las Personas con Discapacidad debería habilitar en forma inmediata el acceso a los derechos fijados en la normativa. Sin embargo, la pelea por el acceso a prestaciones y demás derechos es un combate a brazo partido -de personas y sus familias-. Produciendo desgaste a las personas y familias como así al Estado… A mar revuelto, ganancia de los abogados con la judicialización innecesaria, de la que muchos se quejan pero pocos prevén.          

    Finalmente señala que “la idoneidad para desempeñar las responsabilidades y competencias de la función pública, requiere no sólo de convicción sino de ética, profesionalidad, formación y compromiso. Más aún cuando de su gestión depende el 12,9% de la población, algo más de 5 millones de personas”, sostienen desde FADEPOF.

    “Un marco normativo que prevé derechos y estructuras dentro del Poder Ejecutivo ‘ideales’ para el avance en materia de discapacidad en Argentina, termina siendo un círculo vicioso ocupado siempre por los mismos nombres, que ya han demostrado carencias en la gestión, aunque mucha cercanía política con los individuos de quienes depende la decisión final. Y deja afuera a personas idóneas que están a la espera de la oportunidad de demostrar que la “discapacidad” no es una cuestión de voluntariado y/o buenas intenciones, sino de derechos. Que serán tangibles una vez que la gestión supere la discusión política”, concluyeron.

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