La nota, firmada por Manuel Gallegos y Analía Cardoso, presidente y vice del Comité respectivamente, informa a los ciudadanos independientes -y radicales- preocupados por tales hechos que los organismos de control de la administración pública han sido debilitados en sus puestos claves y postergados en su funcionamiento por el gobierno nacional kirchnerista.
En tal sentido detallaron que la Defensoría del Pueblo con rango constitucional, se encuentra vacante desde la renuncia de su titular hace dos años. En tanto, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) que tiene un papel clave para impulsar las denuncias judiciales por casos de corrupción, no tiene titular desde hace más de dos años por renuncia al cargo de Manuel Garrido.
Asimismo, la Oficina Anticorrupción -desde la llegada del kirchnerismo al poder- prácticamente ha desaparecido como querellante en las denuncias judiciales por delitos de corrupción en la Administración Pública.
Por último, citaron a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que “permanentemente se niega a proporcionar información a la Auditoría General de la Nación (AGN) -presidida por el radical Leandro Despouy y dependiente del Congreso- que tiene a su cargo la función de examinar áreas del gobierno y en su caso impulsar ante la Justicia las eventuales anomalías para su investigación”.
Los firmantes destacaron que, a falta de intervención de los organismos nacionales en las irregularidades, al vicepresidente de CTM, Enrique Stola, quién efectuó la denuncia penal en el Juzgado Federal de la ciudad de Buenos Aires a cargo de Ariel Lijo, en dónde tramita la causa judicial por los supuestos delitos contra el Estado Nacional.
“Estos breves antecedentes -ampliados y difundidos públicamente- nos impulsan en aras de una exhaustiva investigación, a solicitar la intervención del Congreso, comisionando para su iniciativa a los diputados nacionales de la Unión Cívica Radical”, finaliza el comunicado.
