El G-20, todo indica, fue utilizado como excusa para gran cantidad maniobras durante el gobierno de Mauricio Macri, entre ellas, la inteligencia ilegal sobre los periodistas y organizaciones sociales que asistían al foro, además del espionaje extendido sobre dirigentes políticos, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner, bajo el supuesto de potenciales amenazas terroristas. Parece que fueron más las tropelías.
Bullrich fue denunciada junto con otro grupo de exfuncionarios de su equipo en una presentación que hizo la OA, al mando de Félix Crous, que le tocó por sorteo al juzgado de Luis Rodríguez y la fiscalía de Paloma Ochoa. Los delitos que se les atribuyen son incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Las primeras irregularidades fueron detectadas por una auditoría de la Sigen, que observó algo extraño: en los llamados a licitación decía que el objetivo de la compra era adquirir “bienes necesarios para apoyar las operaciones de desarrollo de las Fuerzas en virtud de los encuentros programados» para el G-20, y aclaraba que el plazo de entrega desde la emisión de órdenes de compra era de 90 días corridos, en algunos casos un poco menos. Pero resulta que ese límite excedía siempre el final de la cumbre y nada fue entregado para la ocasión ni usado con el fin establecido. Es más, algunas empresas pidieron prórrogas y les fueron concedidas a sabiendas de esta anomalía.
«La entrega de los productos luego de la realización del evento que generó la necesidad de sus adquisiciones traen como lógica conclusión, o bien que esas necesidades no fueron satisfechas, o que fueron satisfechas con la realización de gastos adicionales, o bien que los productos adquiridos no eran necesarios para el desarrollo del evento en cuestión, lo que implicaría que la motivación del acto administrativo resultó falsa. En cualquiera de estos casos nos encontraríamos ante el posible incumplimiento de los funcionarios que tramitaron estos expedientes y aprobaron las licitaciones en esas condiciones, del deber de proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes con los fines autorizados», dice la denuncia, a la que accedió Página/12.
En cualquiera de las hipótesis, señala la OA, «los funcionarios que intervinieron en estos procesos y aprobaron las licitaciones habrían actuado en forma parcial, en defensa de los intereses económicos de las empresas involucradas, y en contraposición de los intereses estatales». Tampoco se descarta que las licitaciones hayan sido «un medio para utilizar indebidamente las partidas presupuestarias destinadas a los eventos del G-20». Además, de Bullrich, los otros exfuncionarios denunciados son el exsecretario de Coordinación, Formación y Carrera, Alberto Fernando Fohrig; y el exsubsecretario de Gestión Administrativa, Martín Siracusa.
