A través de un comunicado que titularon «A contramano y sin permiso», los ambientalistas aseguraron que «están desembarcando en el balneario contra la ley y las resoluciones correspondientes», ya que «comenzaron a descargar los materiales para la pretendida obra del puente a la isla violando la Constitución, las leyes nacionales e internacionales y las ordenanzas municipales».
«Cualquier vecino que quiere reformar su baño tiene que someterse a los códigos correspondientes. Y pretenden comenzar semejante obra sin haber siquiera presentado la solicitud municipal pertinente», aseguraron.
La Asamblea Ciudadana Ambiental convocó a los vecinos y los medios de prensa a acompañar la entrega de la denuncia de lo que consideraron un «nuevo atropello a las Instituciones de la democracia», este lunes a las 11.30 en la sede de la Secretaría provincial de Medio Ambiente ubicada en Rocamora y Supremo Entrerriano, de La Histórica.
El diputado provincial José Antonio Artusi (UCR), en una nota enviada a DIARIOJUNIO, considera que «el inicio de la obra del puente a la Isla del Puerto de Concepción del Uruguay requiere imperiosamente la autorización correspondiente por parte del municipio, que en este caso sería el Certificado de Licencia Ambiental previsto en la ordenanza 6495, que regula el procedimiento técnico – administrativo de la Evaluación de Impacto Ambiental».
Artusi expresa que la propia Secretaría de Medio Ambiente ha incluido a la mencionada Ordenanza dentro del cúmulo de normas a cumplimentar, por lo que en la última sesión presentó un proyecto de resolución por el que propone solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente que exija a la Municipalidad de Concepción del Uruguay que habilite el proceso de decisión en materia ambiental previsto en la Ordenanza n° 6495, que requiera a las autoridades municipales que revoquen y/o suspendan el permiso otorgado mediante Resolución n°28760 hasta tanto se cumplimente el procedimiento previsto en la Ordenanza n° 6495, y que se notifique a la empresa contratista que se abstenga de avanzar en la instalación del obrador, hasta tanto se cumplimenten todos los procedimientos legales exigibles, en especial los establecidos por la Ordenanza n° 6495.
El diputado reproduce de esta manera lo solicitado oportunamente por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical de Concepción del Uruguay.
Artusi señala que, además, no es excusa válida argumentar que la Isla del Puerto no está dentro de la jurisdicción municipal, puesto que el Artículo 240 de la Constitución reformada en 2008 establece que los municipios «podrán ejercer acciones de protección ambiental más allá de sus límites territoriales, en tanto se estén afectando o puedan afectarse los intereses locales». Pero aún cuando así no fuera, el legislador radical recordó que la Ordenanza 6495 dispone claramente que la infraestructura que se localice en el dominio público y/o en áreas de protección forma parte del listado de proyectos sujetos obligatoriamente a la presentación de Estudio de Impacto Ambiental.
Artusi lamenta que el Ejecutivo Municipal se resista a convocar a Audiencia Pública para tratar este controvertido tema, «seguramente porque tienen pocos argumentos para exponer a la ciudadanía, tratándose de un proyecto farónico que comenzó presupuestado en 80 millones de pesos, ya va en 100 de los que se han desembolsado 10 en concepto de anticipo financiero, y seguramente terminará costando 150, que todos los entrerrianos pagaremos como deuda pública».
Finalmente, el presidente del bloque de Diputados de la UCR opina que «parece una burla a los uruguayenses que se pretenda avanzar a toda costa con este capricho, que no figura en ninguno de los muchos planes que tuvo la ciudad, que no fue reclamado jamás por ningún sector, en el mismo sitio de la Defensa Sur, a pocos metros de donde debió haberse localizado la planta de efluentes cloacales, que se podría materializar con un presupuesto mucho más acotado, y que permitiría solucionar o al menos mitigar considerablemente el problema de la contaminación bacteriológica del Balneario Itapé».
