En su presentación,revela La Nación, Stola hizo referencia a un informe oficial que advirtió irregularidades. Se trata de una auditoría que tomó únicamente 11 expedientes de reclamos, los analizó y detectó anomalías en seis. Sólo por esas indemnizaciones, Energía habría pagado unos 4 millones de pesos de más.
Stola informó que se falsearon planos en la municipalidad de Santa Ana, en nuestra provincia, y que eso permitió que particulares que ocuparon terrenos expropiados fueran declarados dueños de esas tierras, con vista al lago, a través de juicios fraudulentos. Pero además, algunos de estos ribereños reclamaron después ser indemnizados. Es decir que el Estado, que había adquirido las tierras porque estaban expuestas a inundarse con facilidad, no sólo las perdió, sino que, además, debía resarcir a sus ocupantes.
Como acusa a otros funcionarios de la delegación argentina, la denuncia judicial generó un pésimo clima dentro de la Comisión Técnica Mixta (CTM), integrada por tres delegados uruguayos y tres argentinos, designados por los respectivos gobiernos nacionales, que administran la central de Salto Grande.
“Esto se podría haber manejado distinto”, dijo al matutino porteño Juan Carlos Cresto, el presidente de la CTM desde hace tres meses. “Es cierto que hubo irregularidades, por eso ahora hemos cambiado todo el sistema de medición de daños, pero Stola se apresuró. Salto Grande es una empresa seria, de mucho prestigio, y eso debió haberse protegido”, afirmó.
Cresto admitió que una reciente auditoría encargada a un estudio contable recomendó hacer un sumario administrativo en el Sonca. Según informó, esa auditoría sostuvo que el sistema de medición de daños que se usó desde que empezó a funcionar la represa daba pie a irregularidades. “Nunca pretendimos ocultar nada. Yo sólo quería hacer el sumario interno antes de llevar el caso a la Justicia”, dijo el presidente de la comisión.
El juez de la causa dispuso diversas medidas de prueba para avanzar con la investigación. Por lo pronto, pidió a la municipalidad de Santa Ana todos los planos y documentos de los terrenos que estarían invadiendo la línea fiscal, y a la Secretaría de Energía, el detalle de todos los movimientos de fondos para determinar qué pagos se realizaron y a quiénes.
