Los diputados del Bloque Integración sostienen que la vaguedad empleada en los considerandos del Decreto Nº10.020 MSAS, impone la necesidad de clarificar el origen del “faltante”, determinar responsabilidades si las hubiere y demás medidas adoptadas por el Ejecutivo Provincial. “Se trata de establecer mayor transparencia en el manejo de los dineros públicos destinados a paliar situaciones de emergencia social, por lo que toda sospecha de irregularidades deberá ser debidamente aclarada e informada”, sostuvieron.
El Pedido de Informes
Los diputados solicitaron los detalles y demás medidas de seguridad del lugar donde se habrían encontrado las mercaderías, cuyo faltante ha motivado una erogación de $2.028.613,14, además de la repartición responsable de la custodia.
También requirieron saber las medidas administrativas y de otro tipo que se hubieren adoptado con la finalidad de determinar las razones de dicho faltante y la responsabilidad de los funcionarios públicos involucrados, y si se efectuó denuncia penal o anoticiamiento fiscal, para el caso de que se hubiere determinado prima facie la presunta comisión de un ilícito penal.
Finalmente consideran necesario conocer a qué inciso, partida y subpartida fue cargada la erogación ya que la imputación presupuestaria del gasto no está prevista en el Decreto Nº10.020.
El programa
A través del Decreto Nº10.020 MSAS del 29 de diciembre de 2005 (publicado en el Boletín Oficial el 7 de setiembre de este año), se aprueba un convenio de ejecución complementario por el cual se autoriza un gasto de $2.028.613,14 ocasionado “en virtud del faltante de mercaderías adquiridas por el organismo provincial, con los fondos girados a tal fin por el órgano nacional”.
El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El Hambre Más Urgente” está destinado a la adquisición de medicamentos, embalaje, armado y distribución de los módulos alimentarios para la atención e 18.970 familias aproximadamente, compuestas por personas embarazadas desnutridas y/o niños desnutridos hasta 14 años, personas en situación de pobreza, con riesgo nutricional, discapacitados y mayores de 70 años sin cobertura social y enfermedades crónicas con alto riesgo nutricional (HIV, TBC), constituyendo criterio de inclusión de beneficiarios la evaluación antropométrica según las normas establecidas por la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Nación, como así también a 6.094 familias en situación de emergencia social.
“La salud de la República requiere hoy una mayor transparencia acerca de los recursos que Estado destina a los sectores más postergados sobre todo teniendo en cuenta que el clientelismo político debe desterrarse”, agregaron los legisladores.
“Es sugestivo que hace pocos meses tuvimos la mala experiencia de la quema de alimentos, la entrega de alimentos vencidos, el mal manejo de algún programa nacional como el PROFE (Programa Federal de Salud), y hoy estemos destinando dinero a otro programa financiado por la Nación argumentando faltante de mercaderías”, finalizaron.
