El tema central de la denuncia penal contra los concejales iniciada en Octubre de 2005 ante el juzgado de instrucción a cargo de Kucharú de Romero, fue por un proceso licitatorio en el que el municipio abrió un registro para que se inscriban aquellos que necesitaban de un terreno para la construcción de su vivienda.
La cuestión es que para inscribirse como postulantes había que reunir una serie de requisitos especificados en la norma pública.
Para hacerse acreedores del beneficio de comprar esos terrenos del municipio se inscribieron concejales y varios familiares directos de los ediles denunciados. Como varios de ellos no reunían los requisitos exigidos por norma fueron excluidos del listado.
Ante tal situación, los concejales incluso aquellos que tenían intereses personales votaron, sin excusarse, una Resolución (la 307) que detuvo la licitación, es decir, el proceso de venta de esos terrenos. Tal Resolución fue vetada por el Poder Ejecutivo y los concejales insistieron con otra licitación (la 308) por medio de la cual insistieron con la suspensión.
Así, el poder legislativo le ganó la pulseada al Ejecutivo. Sin embargo, esa lucha entre poderes derivó ahora en una denuncia penal involucrando a otro poder, el judicial.
