Sánchez señaló que no pueden probar que hubo trabajadores que prestado su labor alcoholizados. “No estamos acusando a nadie. Es imposible individualizar en particular a una cuadrilla”, aclaró. Las denuncias fueron “cinco o seis” y las hicieron por vía telefónica al número de reclamos del Ente. “No hay nadie que hay firmado una nota”, expresó.
En consecuencia, confeccionó un memorando interno donde pidieron a las distintas reparticiones internas del EDOS que, si detectan personal en estado de ebriedad, que procedan de acuerdo a una ordenanza que aconseja tratamiento con personal médico. “Lo que primero consideramos es que se trata de gente que tiene un problema de enfermedad, de adicción”, explicó Sánchez.
El art. 8º de la ordenanza Nº 33.169 establece que se creará un grupo de apoyo, “integrado por profesionales especializados, quienes atenderán las derivaciones respectivas y cualquier empleado municipal podrá solicitar voluntariamente los servicios de dicho grupo cuando lo considere necesario”.
Además, añadió que espera que la divulgación del memorando no dificulte la prestación del servicio. El tema fue materia de una charla que sostuvo Sánchez ayer con el sindicato de Obras Sanitarias. “Creo que se han aclarado todas las cosas y no quisiera que esto sea un motivo para que se genere otra problema”, expresó.
Asimismo, dijo que no podía generalizar porque estaría poniendo en tela de juicio la actitud de “gente que trabaja en la calle y trabaja muy bien”. Además, evalúo que sólo son “seis denuncias” en un universo de 35.000 usuarios del servicio. “No podemos decir que esto sea un tema generalizado”, expresó. En lo personal, sostuvo que nunca vio ningún trabajador en estado de ebriedad.
El interventor repitió que no hay intenciones de penar a quienes sean encontrados en estado de embriaguez. “Si hay un problema de este tipo hay que salir a solucionarlo porque hay una familia detrás; no se puede sancionar ni nada por el estilo. Hay que tratar de apoyar”, argumentó.
La ordenanza que prescribe el tratamiento médico de empleados que tengan problemas de alcoholismo fue sancionada debido a que el intendente Juan Carlos Cresto señaló, a principios de mayo de 2006, que estaba preocupado por los choques. “En varias oportunidades, desde un chofer chocar con un camión municipal una casa, volver, dejar el camión guardado y retirarse totalmente alcoholizado hasta un chofer de ambulancia circulando alcoholizado con una botella de sidra”, ejemplificó en esa oportunidad.
También se estipuló en la norma que los exámenes serán voluntarios. Pero a quienes se nieguen podrían labrárseles sumarios. Esta posibilidad fue establecida en el artículo 7º, donde se establece que, en ese caso, “se dejará acta confeccionada por el personal involucrado en el control y ratificada por el Superior Jerárquico y de manera opcional por el delegado gremial y se comunicará al Departamento Ejecutivo”.
