“Por medios radiales hemos tomado conocimiento de este régimen excepcional de pago con la sorpresa que, además, a mitad de año (pasado) también hubo moratoria”, se denuncia en el texto firmado por ediles de distintas bancadas.
En la carta a Molina se afirma que “en materia administrativa, uno de los requisitos de la potestad tributaria es el principio de legalidad, o principio denominado reserva de ley, que implica que sólo los órganos investidos de representación son quienes pueden establecer los tributos”.
Se citó, en este marco, el Código Fiscal de la provincia que, en su artículo 3º, “se establece claramente que ningún tributo puede ser creado, modificado o suprimido si no en virtud de ley”. “En el ámbito municipal, las tasas se ajustan a este principio cuando son dictadas por los órganos facultados para tal fin, en este caso los concejos deliberantes”, añadieron los ediles en sus fundamentos.
Finalmente, los firmantes dijeron estar preocupados por “el daño fiscal en el patrimonio que se produciría por el manejo discrecional del Ejecutivo en perjuicio de los ciudadanos santaelenenses”.
Fuente: El Diario
