Roland aseguró, en directa referencia a un grupo de profesionales del nosocomio, que «hay gente que viene a trabajar porque tiene otros intereses creados en el hospital”, y por eso estimó que “hay muchas cosas por detrás de las medidas (de fuerza de los médicos), que por ahí no se alcanzan a ver completamente”. Y aclaró, por si quedaran dudas: dijo que hay profesionales que realizan “facturaciones tercerizadas a prestadores que están inhibidos por el IOSPER y que pasaban por acá, específicamente una empresa de medicina radiante”.
De acuerdo a los dichos de la funcionaria, el esquema funcionaba así: para el Instituto Obra Social de la Provincial de Entre Ríos (Iosper), los pacientes oncológicos figuraban como hospitalarios, pero en realidad recibían atención en un instituto privado. La razón es que ese centro asistencial estuvo inhabilitado para ser prestador de la obra social luego de que se constatara sobrefacturación. Sólo pudo ser rehabilitado como prestador a través de un decreto de comienzos de año firmado por el gobernador Jorge Busti, según explicó una fuente de la obra social. Pero mientras duró esa inhibición, el instituto privado facturaba a través del Hospital San Martín.
Cómo operaba
Roland hizo una presentación por escrito, que ya llegó a la Oficina Anticorrupción (OA), el organismo que preside el abogado Luis Pedemonte, y de allí un abogado fue el viernes último hasta el Hospital San Martín y le tomó declaración a la funcionaria. No hay conjeturas en el escrito ni vaguedades sino descripción de hechos, identificación de profesionales que actuarían en esa triangulación, entre ellos un jefe de servicio, y copias de facturas puestas al cobro.
“Todas las denuncias que yo he hecho por los medios están puestas en un expediente que presenté en la Secretaría de Salud. Por esto ya fui a declarar, y hoy (por el viernes último) vino un abogado de la Oficina de Anticorrupción. Según lo que me dijo el abogado, con las pruebas aportados esto podría derivar a la Justicia. Yo hablé de la sustracción de unidades de sangre del Servicio de Hemoterapia y también de la existencia de un sistema de triangulación para llevarse pacientes del hospital a las clínicas privadas”, señaló.
En esa triangulación, dice, participa un jefe de servicio del Hospital San Martín, que es a la vez socio gerente de una clínica privada de la ciudad, aunque también menciona la derivación de pacientes hacia un sanatorio de un ex director del nosocomio.
“Hay un sistema normal de derivación hacia la parte privada cuando el hospital no está en condiciones de brindar determinada prestación. Eso es normal. Si en Terapia Intensiva no tenemos cama, derivamos al sector privado. El tema es la derivación de pacientes cuando el hospital estaba en condiciones de atenderlos. Y después está la tercerización de facturas con pacientes del Iosper, con una clínica que está inhibida de ser prestadora de la obra social. Como el hospital es prestador para pacientes oncológicos, actuó de intermediario de esta clínica”, señaló.
– ¿Cómo descubrió esos hechos?
– No es tan difícil hacerlo. Yo lo descubro, pero podría hacerlo cualquier otra persona que tuviera decisión. Está todo documentado en las denuncias.
– ¿Es importante el perjuicio económico que tuvo el hospital?
– No, no es importante el daño económico. Pero sí es grave la irregularidad.
Dardos directos
En forma paralela, Roland puso en la mira en otra investigación al médico Carlos Berlo, cara visible de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de Entre Ríos, y secretario gremial del Círculo Médico de Paraná. En ese caso, no sólo le inició un sumario sino que también pidió a Salud que se lo deje cesante en su cargo de médico interno del Servicio de Terapia Intensiva, al que accedió por concurso.
Roland responsabiliza a Berlo por no haber trabajado durante “cinco meses”, y así, dice, tendría holgadamente cubierta la cantidad de días con ausencias como para pedir su despido, tal cual lo establece la Ley Nº 9.190.
“Es un abuso absoluto lo que ha hecho. A Berlo se lo designó al frente de un consultorio externo de medicina laboral. El 19 de marzo debía asumir sus funciones, pero no lo hizo hasta el 27 de agosto, con el argumento de que no tenía lugar físico para trabajar. Entonces, no cubría la guardia que debía hacer los días martes, y el hospital debía pagar a otra profesional. Mientras, el venía, firmaba la planilla y se iba”, señaló Roland, al dar cuenta de su malestar con el dirigente.
La funcionaria asumió el 22 de mayo la dirección del Hospital San Martín, y dice que de inmediato su mayor preocupación fue ordenar el sistema de trabajo en el nosocomio. “Cuando me entero de esta situación, el 4 de junio dicto una resolución por la cual se le asigna un consultorio externo, pero desde esa fecha hasta el 27 de agosto el doctor Berlo desaparece del hospital, y ni siquiera firma la planilla. No hay registro de que haya atendido. Ante insistentes llamados para que venga a trabajar, el 27 de agosto retoma su actividad”, contó.
En septiembre, Roland decide iniciar un sumario al profesional, y lo eleva a la Secretaría de Salud. “En esa presentación que hice recuerdo la vigencia de la Ley 9.190, que establece la posibilidad de dejar cesante a un médico ante la acumulación de tres faltas injustificadas. Berlo llevaba seis meses sin trabajar”, dice.
