La carta, fechada el 27 de febrero, fue dirigida al presidente del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas, Ricardo Giménez, a quien solicita que aplique una “ejemplificadora sanción o expresar públicamente la opinión del Consejo frente a quien ha tomado la responsabilidad pública con una ligereza realmente alarmante, poniendo en peligro no sólo el patrimonio público sino también el prestigio de la profesión”.
En octubre del año pasado, el ex-concejal Eduardo Miranda y el ex- titular de la Fiscalía Administrativa, Oscar Rovira, denunciaron al intendente Juan C. Cresto y a siete concejales por “abuso de poder”. La denuncia se basa en la entrega por 20 años del Campo del Abasto a una empresa privada sin haber efectuado un llamado a licitación pública. La supuesta ilicitud se configura cuando un “funcionario o corporación pública disponga, grave, o destine bienes del Estado en beneficio de la pura y simple actividad de un particular”.
Los firmantes de la carta señalaron que “si bien es la responsabilidad que tienen cada uno de los concejales que apoyaron el proyecto, ese grado de compromiso debiera marcarse en forma clara a la hora de saber que existen diferencia entre aquel que tiene un ‘alto nivel de información’, de instrucción ya sea por su profesión o por su actividad natural y aquel otro que no tiene más instrucción que lo elemental”.
Dos de los denunciados son el abogado Marcos Wdowiak y el contador Martín Santana. Sobre éste último, la nota expresa que “por su profesión y experiencia no debió soslayar (es más, es su obligación investigar) la situación económica-financiera del titular de la empresa Cetru S.A., máxime teniendo en cuenta que la información necesaria para ello no es difícil de encontrar”.
Los denunciantes descubrieron que Jorge Alberto Bóveda, titular de Cetru, en seis meses emitió 37 cheques sin fondos y debe dinero “en carácter de absolutamente irrecuperable” en dos bancos.
“Saña política”
Consultado sobre la nota, Santana dijo que se trata de un “ensañamiento político” y no ve las razones del mismo. “Soy plenamente consciente que lo que hicimos estaba bien, actuamos según lo prevé las ordenanzas. Se hizo para evitar un mal mayor en el Campo del Abasto”, expresó. “Reitero que el convenio no significó ningún gasto para la municipalidad; es más, hay un ahorro importante porque la municipalidad sólo recolecta”, añadió.
Más adelante, dijo que la denuncia no le interesa y que “hay cuestiones más importantes ahora”. También expresó que entiende que la presentación en la Justicia se desestimará
En cuanto a la nota enviada al Consejo Profesional, el edil puntualizó en dos aspectos. Primero consideró que hay una “discriminación” porque entiende que la intención de los autores de la nota es que los denunciados no profesionales tienen “menos derechos, menos obligaciones” cuando en realidad: “somos todos concejales”.
Respecto de Bóveda, Santana expresó que no integra más Cetru S.A. “Ahora están los socios, es una sociedad anónima. La contratación es con Cetru, la responsabilidad la tiene Cetru”, agregó.
Por último, Santana señaló que el Concejo Deliberante va a tomar las medidas correspondientes si se constata que la denuncia de trabajadores en negro contratados por la empresa recicladora es veraz. La noticia fue divulgada el viernes pasado por el concejal radical Ricardo Larocca.
