El Centro de Estudios Sociales y Políticos para el Desarrollo Humano (Cesppedh) presentó el 5 de julio, ante el Jurado de Enjuiciamiento denuncias formales contra quien fuera Defensor de Pobres y Menores del Juzgado de Victoria, Julio Guaita, el titular del Juzgado Civil y Comercial de esa jurisdicción Raúl del Valle, el defensor de esa jurisdicción Marcelo Santiago Balbi, y quien fuera juez de Instrucción de Tala Daniel Olarte por la responsabilidad que les corresponda en un caso de presuntas violaciones a los derechos humanos, por el que fue denunciado el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que admitió la presentación el 26 de octubre de 2006.
El Cesppedh entiende que los funcionarios judiciales tienen responsabilidad en la violación de los derechos que aseguran a todos los ciudadanos la igualdad, las garantías judiciales, la protección judicial, la protección de la familia y los derechos del niño, de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual la Argentina es un Estado parte desde el 5 de setiembre de 1984.
La denuncia fue impulsada por Leonardo Fornerón, de Rosario del Tala, para lograr la tenencia de su hija y en contra de la decisión de la mujer de entregar la niña a un matrimonio oriundo de Buenos Aires, que finalmente logró la adopción de la pequeña. La niña nació el 16 de junio de 2000 y al día siguiente fue entregada por su madre, en guarda y con fines de adopción, sin el consentimiento del padre biológico.
Al día siguiente, Fornerón reconoció la paternidad de la pequeña, aunque para ello debió someterse a un análisis de ADN porque la madre le negaba esa condición. La confirmación de la paternidad se estableció recién en diciembre de ese año. Con esa prueba, Fornerón pidió que se revocara la guarda de la nena, que se había otorgado al matrimonio bonaerense. Para expedirse en el caso, se ordenó un informe pericial que tardó nueve meses. En mayo de 2001 el Ministerio Público acordó con la postura del informe, fijando un plazo de guarda de un año para Zucchi-Bassi y rechazando el pedido de Fornerón. El padre biológico apeló el fallo y logró, el 10 de junio de 2003, que se revocara la sentencia de primera instancia, y se ordenara la restitución de la nena en un “proceso de información paulatina, con ayuda de profesionales especializados y supervisado por la Justicia”. El matrimonio interpuso entonces un recurso de inaplicabilidad de la ley. El Defensor y la Fiscal General de Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia se pronunciaron en ese momento por la revisión de la sentencia favorable a Fornerón, y finalmente el STJ se pronunció a favor de la postura de Zucchi-Bassi. Para ese entonces, Milagros Fornerón tenía ya 3 años. Fornerón presentó un recurso extraordinario ante el STJ, que le fue denegado, y el 14 de octubre de 2004 se presentó la denuncia ante la Comisión Interamericana, que fue admitida en 2006. Mientras tanto, el 23 de diciembre de 2005 –cuando la nena ya tenía 5 años y medio– se dictó la sentencia de adopción simple y de cambio de apellido de la criatura.
Otros datos. El 24 de noviembre de 2008 el entonces ministro de Justicia de la Nación, Aníbal Fernández, puso en conocimiento del gobernador Urribarri su “preocupación” por la denuncia contra el Estado argentino por el accionar de la Justicia provincial. Tras considerar que existió una dilación injustificada de los trámites judiciales, Fernández le requirió que hiciera los esfuerzos a su alcance para reparar “el daño causado” y también que dispusiera medidas para evitar la reiteración de la situación, según consignó el diario Uno al tratar este tema.
Jurado de Enjuiciamiento. Está integrado por los vocales del Superior Tribunal de Justicia Susana Ester Medina de Rizzo; Carlos Alberto Chiara Díaz y Daniel Omar Carubia mientras que por el Senado lo compone Raúl Taleb y por Diputados, Eduardo Jourdán. Además tiene la representación del Colegio de Abogados a través de Juan Carlos Brollo y Aldo Benedetti.
Como suplentes fueron designados los vocales del STJ Bernardo Salduna; Emilio Castrillón, y Claudia Mizawak y por el Senado, César Melchiori mientras que en Diputados juró Jorge Bolzán. Por el Colegio de Abogados, son Héctor Rodríguez y Edgardo Garbino
Fuente: Recintonet
