De este modo el gobierno argentino dejó en claro que no comparte la acción legal que iniciará el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, contra los propietarios de las plantas procesadoras de celulosa, Botnia y Ence, por considerarla apresurada.»Es prematura la acción de Busti. Primero hay que esperar a constatar el daño para luego hacer la demanda», dijo Estrada Oyuela.
El funcionario comentó que se estimaron los daños que ocasionarían estas plantas, que rondarían los U$S 700 millones. Para ello se tomó en cuenta la caída de la propiedad inmueble en un 30%, además de la acumulación de dioxinas y gases, que podrían incidir en la producción de carne, leche y queso. No obstante aclaró que estos daños podrían ocasionarse cuando comiencen a funcionar estas fábricas y que «hoy no se puede demandar».
Finalmente, indicó que el gobierno argentino procura en esta instancia que su par uruguayo instale las plantas en las mejores condiciones. «No estamos diciendo que no se hagan, ya que Uruguay puede hacer lo que quiera en su casa. Pero no puede molestar a su vecino», precisó al diario La República (Uruguay).
«Medida vengativa»
Por otra parte, el subsecretario de Medio Ambiente, Jaime Igorra, catalogó las acciones de Busti como una «medida vengativa hacia las empresas, por no haberse instalado en Entre Ríos». Sostuvo que hay una intención de «complicarles la vida a Botnia y Ence», y añadió que se trata de un reclamo económico y no ambiental.
El jerarca uruguayo argumentó que Uruguay se perfila como un competidor en la producción de celulosa y papel. Sostuvo que Argentina no hace reclamos ante las 225 plantas que tiene Brasil, por tratarse de una potencia, y que le reditúa un ingreso de U$S 8 millones al año.
Igorra dijo además que Uruguay no reclama el traslado de las empresas emplazadas en el Río de la Plata del lado argentino, por el vertimiento de sus afluentes.
Por último enfatizó que el gobierno uruguayo no cambiará de lugar estas plantas y asegura que estas plantas no contaminarán el río.
