ALLANAMIENTO A LAS MARÍAS
De acuerdo a lo informado por el sitio www.fiscales.gob.ar, el martes se allanó el establecimiento yerbatero Las Marías, ubicada en Viasoro, provincia de Corrientes.
Según detalles suministrados por la página del Ministerio Público en Internet, los funcionarios secuestraron durante el allanamiento "información de relevancia para la investigación", incluidos "legajos, libro de sueldos y jornales, hojas móviles y libros societarios diversos".
"La medida es consecuencia de un trabajo coordinado entre la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (Ofinec) y la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), junto a la Fiscalía federal con jurisdicción en el lugar, y se enmarca en el trabajo de asistencia que viene realizando la Oficina a cargo de Judith Königh en diversas causas por violaciones a los derechos humanos que involucran cuestiones contables o financieras", completó.
CAUSA LAS MARÍAS: SECUESTRADOS Y DESAPARECIDOS
“En la causa ‘Las Marías’ se investiga la responsabilidad de directivos de la empresa en los secuestros, tormentos y desapariciones de trabajadores del establecimiento que integraban además los sindicatos Fatre (de trabajadores rurales) y STIA (de la industria de la alimentación) en calidad de afiliados y, en algunos casos, dirigentes”, reveló ayer 1° de julio la Agencia Nacional de Noticias (Télam)
“Desde la Procaduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), se notificó que en diversas causas judiciales quedó acreditado que en marzo de 1976, Juan Manuel Gómez fue privado ilegítimamente de la libertad”, informa la página www.fiscales.gob.ar. Y agregan: “La víctima había trabajado en el establecimiento Las Marías desde 1964 hasta el año de su secuestro y había sido delegado del gremio la FATRE. Gómez fue conducido a varios centros clandestinos de detención y recuperó la libertad en 1981.
En junio de 1977, se produjeron los secuestros de Héctor Sena, Jacinto Bernal, Neris Victoriano Pérez y Marcelo Peralta. A la fecha, Pérez y Peralta permanecen desaparecidos. Los dos trabajaban en el establecimiento Las Marías y eran miembro del sindicato FATRE”.
Según información revelada por la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas (Infojus) dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Presidencia de la Nación: “El nombre de Adolfo Navajas Artaza, alias ‘Don Toco’, es conocido en todo Corrientes. El dictador Juan Carlos Onganía lo designó interventor federal de la provincia, cargo que ocupó entre 1969 y 1973. También fue intendente de Gobernador Virasoro y ministro de Acción Social durante la presidencia de facto de Reynaldo Benito Bignone”.
CORRIENTES: PODER Y ARISTOCRACIA
Stuart Víctor Navajas hijo de Pablo Navajas (fallecido en 2002 y hermano de Adolfo), tiene una hija llamada Victoria Navajas Rankin, quien está casada con el abogado, oriundo de Concordia, Joaquín Comas (Fuente: Corriente. Poder y Aristocracia, autor Juan Cruz Jaime).
“(Adolfo) Navajas Artaza había sido imputado por la muerte del sargento de la policía correntina José Anchetti –que trabajaba para él– y por haber puesto a disposición de las Fuerzas de Seguridad su cementerio privado para que enterrasen a las víctimas de la represión ilegal, según consta en el expediente.
(…) Fue convocado a indagatoria por el fiscal Benito Pont por los últimos hechos citados, no se presentó, a pesar de lo cual el juez Antonio Chalup lo sobreseyó en mayo de 2008.
La decisión de Chalup puso fin a la imputación del industrial yerbatero por los hechos mencionados, pero no impide su juzgamiento por otros.
Chalup fue el vigésimo juez en quien recaló la causa. Antes se inhibieron 19 jueces y conjueces que rehusaron juzgar los delitos de lesa humanidad en perjuicio de trabajadores y sindicalistas de Las Marías de los que se acusa a Navajas Artaza”, destacó en una nota la Agencia Nacional de Noticias (Télam 10/09/2012).
DERECHOS HUMANOS
Desde la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas (Infojus) en diálogo con la titular de la Red de Derechos Humanos de Corrientes Hilda Presman. Destacaron que: “A pesar de las presiones de la empresa (Las Marías), que se define como ‘ética ante todo’ desde los organismos de Derechos Humanos solicitan la ‘desclasificación de los archivos’ de las policías provinciales y en Corrientes el ‘juzgamiento a la complicidad civil y empresarial como el caso del establecimiento Las Marías y su responsable Navajas Artaza’.
