La región más grande del mundo en exportación de soja, maíz, carne vacuna y aves ha duplicado su número de personas hambrientas desde 2015 y es la subregión con los mayores aumentos de inseguridad alimentaria en toda América Latina y el Caribe.
Mientras eso sucede, empresas de semillas y pesticidas como Bayer/Monsanto (Alemania), Syngenta/ChemChina (China), Corteva (fusión de Dow, Dupont-EUA) y Basf (Alemania) duplicaron sus ganancias en los últimos cinco años.
Así lo confirma un informe de la organización GRAIN que demuestra que América Latina es la mayor región exportadora neta de alimentos del mundo, pero 4 de cada 10 personas sufren inseguridad alimentaria.
Las frutas, verduras y legumbres experimentaron graves incrementos de precios, en los circuitos comerciales. En las principales economías latinoamericanas el precio de los alimentos llega al doble del precio de otros productos de consumo, y hoy sufren la mayor tasa de inflación de los últimos 40 años.
Por otra parte, la inflación de los productos ultraprocesados en 2022 fue muy inferior, lo que tal vez hizo, por primera vez en la historia, que sus precios fueran más baratos que los de los productos comerciales frescos.
El sistema alimentario industrial es muy ineficiente en su respuesta a las dificultades energética, sanitaria, ecológica y alimentaria
Ya que la producción, la transformación y la distribución industrial es controlada por unas pocas corporaciones e inversionistas —y el costo de producción aumenta por una pandemia, una guerra o el caos climático—, el precio repercute rápidamente a países enteros y a quienes producen y consumen. Y cuanto mayor sea el precio internacional de materias primas agrícolas y alimentos, mayor será la apuesta de las inversiones por la tierra y la cadena agroalimentaria industrial.[1]
Este breve análisis, sobre el informe publicado por GRAIN[2], pone de relieve que la situación ambiental, la alimentaria, la social y la de los agronegocios van de la mano. Esta afirmación no es nueva, ya fue expresada por Yolanda Ortiz en la década del 70, quien fue una activa defensora de los derechos de la naturaleza y las personas durante toda su vida. Trabajó con una mirada holística de lo ambiental, en la medida en que entendía que solo era posible comprender los temas ambientales a partir de la interacción entre sociedad y naturaleza. En ese sentido proponía transitar del egociudadano al ecociudadano. Yolanda fue la primera Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de nuestro país y de América Latina, designada por Juan Domingo Perón durante su tercer gobierno. Con su gran sensibilidad social e Inquietud intelectual, inspiró con su accionar cotidiano y su lucha dentro y fuera de la función pública.
La referencia a Yolanda es, en esta oportunidad, porque en honor a ella en noviembre de 2020 se aprobó la Ley Yolanda, en Argentina, N° 27.592, que dispone que las personas que trabajan en la función pública en todos los niveles y jerarquías de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación deben recibir una capacitación obligatoria en materia ambiental, desarrollo sostenible y cambio climático.
La urgencia que impone el cambio climático que por estos días se hace sentir con fuerza, los problemas de provisión energética que conlleva y los ya inocultables agronegocios que lo afectan directamente, teniendo en cuenta las quemas indiscriminadas de grandes extensiones de campo , nos llevan a interpelar por qué a más de dos años de sancionada la Ley Yolanda, casi nada se ha realizado al respecto en Entre Ríos, y especialmente nada en la Ciudad de Concordia. ¿En qué medida los funcionarios de todos los estamentos del estado: ejecutivo, legislativo y judicial, conocen los lineamientos de la Ley Yolanda? ¿Qué acciones se realizaron para poner en conocimientos de las responsabilidades que les cabe? ¿Hay interés en que el funcionariado de menor jerarquía conozca las responsabilidades y consecuencias que tienen sus actos con el cuidado del medioambiente?
En línea con la Ley Yolanda, en Entre Ríos se sancionó en noviembre del año 2020 la Ley 10.948, que pone en vigencia la Formación Integral Ambiental, para todos los agentes que ejercen la función pública.
En lo que refiere al ámbito específicamente educativo, que de por sí y solo a modo de despejar dudas, forman parte de los y las agentes públicos, se sanciona en mayo de 2021 la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral cuya definición establece que :Educación Ambiental Integral (EAI): es un proceso educativo permanente con contenidos temáticos específicos y transversales, que tiene como propósito general la formación de una conciencia ambiental, a la que articulan e impulsan procesos educativos integrales orientados a la construcción de una racionalidad, en la cual distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas confluyan y aporten a la formación ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso. Se trata de un proceso que defiende la sustentabilidad como proyecto social.
Entre Ríos le había precedido con la Ley de Educación Ambiental Integral, sancionada en noviembre de 2015. Es decir, con cinco años de anterioridad. ¿Qué impacto real ha tenido ésta en el sistema educativo entrerriano? ¿Qué fuerza le otorgó la Ley Nacional? ¿En qué medida el concepto “integral” se pone de relieve en las propuestas didácticas que se desarrollan a diario en las escuelas?
Sabemos que la Ley de Educación Sexual Integral, ha tenido grandes resistencias para su implementación, y aún hoy se sigue en una férrea lucha para que todo el estudiantado acceda a ella. Si esa ley, que solo pone en juego valores y creencias arraigadas socialmente, es tan difícil de llevar a las aulas ¿cuánto más costará el acceso a la información en relación a las normas ambientales vigentes, cuando lo que está en juego son pingües ganancias económicas de enormes fortunas concentradas internacionalmente?
Tal vez la información a la que todas las jóvenes generaciones tienen derecho a acceder este resumida en lo que sostiene el informe GRAIN: Acabar con la especulación alimentaria, prohibir la negociación de contratos de futuros sobre la producción agrícola en las bolsas de valores, acabar con las patentes y otros derechos monopólicos sobre las semillas y otros bienes comunes —como el agua—, desmantelar el oligopolio en toda la cadena agroalimentaria, cancelar la deuda externa de los países en desarrollo, son medidas de supervivencia en tiempos de crisis civilizatoria.
Las redes alimentarias campesinas han demostrado ser las más dúctiles para enfrentar esta maraña de situaciones límite. Son casi 3 mil millones de campesinas y campesinos indígenas o no, gente que produce en las urbes, o que pescan y pastorean, y no sólo alimentan el equivalente al 70% de la población mundial utilizando menos del 30% de la tierra, el agua y los recursos agrícolas del mundo, sino que también crean y conservan la mayor parte de la biodiversidad del planeta.
Lic. Verónica López
Tekoá Cooperativa de Trabajo para la Educación
[1] Servindi, 2 de marzo, 2023. El negocio del hambre en América Latina
[2] Organización internacional sin fines de lucro que trabaja apoyando a campesinas, campesinos y a comunidades y personas dedicadas a la agricultura en pequeña escala.
