La incorporación de Rossi fue cuestionada en duros términos por el diputado Raymundo Kisser, quien sostuvo: “creía que Cambiemos y ahora Juntos por el Cambio, donde tanto se ha hablado de la nueva política, no era volver al pasado. Y así estamos volviendo al pasado, pero al peor pasado, a lo más emblemático de la corrupción. Es que es una contradicción con el núcleo central del discurso macrista, que ataca al kirchnerismo permanentemente con el discurso de la corrupción, como único argumento.
Sin embargo, ayer, Ferrari, legislador por el departamento Victoria, aferrándose al discurso que baja desde la Casa Rosada, indicó que su primera propuesta es “dotar a la legislación electoral provincial de mayor contenido ético que haga a la transparencia, la legitimidad y la moralidad que debe contener la normativa que regula el mecanismo de representación política, hoy estatuida en la Ley de Partidos Políticos N° 5170 y sus modificatorias”.
“La Constitución, considera un atentado contra el sistema democrático tanto la ruptura del orden constitucional, como el accionar de quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, imponiendo en el primer caso ‘la sanción de inhabilidad a perpetuidad para ocupar cargos públicos’ y en los de corrupción se establece la inhabilidad por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”, indicó en los fundamentos.
Ferrari señaló que “la oficialización de candidaturas electorales por parte de postulantes que registran condenas a prisión por delitos contra la Administración Pública, que tienen gran trascendencia pública y mediática, ha generado y genera, una repulsa social generalizada que contribuye a minar aún más el debilitado grado de confianza que la sociedad tiene depositada sobre la actividad política – y en los políticos en particular-, el ejercicio de la representación y el sistema electoral todo, seriamente señalados y censurados por una sociedad, que con razón, ya no cree, desilusionada y frustrada por prácticas enfrentadas con la moral y la ética pública”.
“El artículo 16 de la Constitución Nacional; establece que la idoneidad es el único requisito para la admisión de todo habitante a los cargos públicos, y precisamente esa idoneidad consiste, en la aptitud tanto intelectual, como física y moral que tiene una persona para desempeñar con eficiencia un determinado cargo público”, acotó.
En el segundo proyecto de ley, que ingresó en la sesión del miércoles, Ferrari propone que la recuperación de los bienes producidos por hechos ilícitos, sea invertido en la construcción y remodelación de escuelas públicas, como así también en hospitales públicos.
En ese sentido, el senador por el Bloque Cambiemos explicó que “además de lo valioso, que resulta la extinción de dominio que se pretende, por la inversión que se prioriza, teniendo en consideración el destino que se dará a los fondos que se obtengan, es una respuesta a la ciudadanía de nuestra provincia – también la del país lo reclama -, dando así una respuesta que evidentemente le estamos debiendo y que estimo va a contar con el beneplácito de la población en su conjunto”.
“Es un proyecto, que autoriza a la justicia provincial, para ejercer la acción de extinción de dominio, respecto de aquellos bienes que sean consecuencia de la producción de delitos contemplados en el Código Penal de nuestro país”, explicó.
