En efecto, en diversos comunicados enviados a DIARIOJUNIO, tanto la diputada de La Red, Grimalt como los radicales Solari y Villaverde exigen no solo explicaciones sino que reclaman a la ministra que responda penalmente por sus actos. No está claro aún si solo se trata de pura pirotecnia mediática o si, tales dichos redundarán en presentaciones judiciales.
Para Grimalt, “el informe del tribunal de cuentas que ya en marzo daba cuenta de irregularidades en los depósitos y en el estado de alimentos, medicamentos e instrumental médico es clave. Si se confirma que existen cuarenta toneladas de alimentos en mal estado la conducta de la ministra degani superaría todo los límites de negligencia y la única manera de describir sus actos se encuentra tipificada en el código penal como incumplimiento de deberes de funcionario público”.
El diputado de la UCR, Eduardo Solari dijo que “mientras en Concordia, la ciudad de Busti, se mueren chicos desnutridos por falta de comida, este gobierno comete la inmoralidad de tener que tirar 40.000 kilos de alimentos después de dejarlos poner en mal estado”. “No importa ya, dijo el legislador, si hubo negligencia o de ex profeso alguien permitió que esto pasara con fines inconfesables, pero cualquier conjetura podría ser válida, ya sea para hacer nuevas compras o esperando poder distribuirlos en la campaña electoral. Es indudable que acá hubo una responsabilidad que va más allá de lo político, hay una conducta delictual, que debe ser reprochada penalmente”.
Por su parte, el montielista Rubén Villaverde (UCR) realizó un pedido de informes.
Allí, señala, “en el marco del artículo 77 de la Constitución Provincial, la Cámara de Diputados y ante las graves irregularidades denunciadas en el ámbito del Ministerio de Salud y Acción Social referidas a: a) la existencia de miles de kilogramos de mercadería en mal estado; b) la falta de rendiciones a la Nación de la ejecución de los programas alimentarios financiados con fondos federales y c) la distribución clientelar de los bolsones de alimentos, discrecionalmente, se requiere que el Poder Ejecutivo responda con urgencia entre otras cosas, los resultados de las auditorias, las medidas adoptadas luego que se encontraran alimentos vencidos y las razones por las que no se informó a la Nación sobre la ejecución de estos programas.
