En el encuentros, los letrados indicaron que la situación fue puesta en conocimiento a la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), y solicitaron que se gestionen reuniones con la Dirección de Defensa del Consumidor de la Nación y la Inspección General de Justicia, como autoridades de aplicación e involucrados en esta problemática, con el fin de realizar un abordaje integral y encontrar una solución que contemplen las distintas situaciones.
“Estaríamos en una situación encuadrada en la teoría de imprevisión por la modificación sustancial de la condiciones del contrato como consecuencia de un impacto inflacionario que exceden las elementales previsiones, y las mismas no pueden ser afrontadas casi exclusivamente por los consumidores que suscribieron los planes confiados en una mayor estabilidad de la economía”, explicó Lamberto.
Asimismo, tanto Lamberto como Garay hicieron un llamamiento global a las empresas para que no se concreten las ejecuciones o se suspendan las acciones contra los deudores prendarios, hasta tanto se encuentre una vía que permita ajustar las cuotas a su capacidad de pago y se establezca una razonable proporcionalidad. Por último invitaron a los ahorristas que se encuentran en esta situación a acercarse a las sedes de las defensorías para ser asesorados y revisar los contratos, ver las condiciones pactadas, el monto de las cuotas, plazos de pago, de modo tal de ir estableciendo categorías y grupos homogéneos.
