Según explicó el apoderado legal de la asociación, lo que se presenta es una acción de amparo hacia la última factura. “Si bien hay diferentes puntos en los que nos podemos basar, el que vamos a hacer valer en esta instancia es que las distintas normas que regulan el servicio eléctrico remarcan que la Cooperativa debe notificar al usuario de cualquier aumento o movimiento en el cuadro tarifario”, advirtió Muños y agregó que la medida está contemplada en el derecho a la información y reconocida constitucionalmente. “Cualquier modificación que se haga sin la correspondiente notificación, es ilegitimo y se debe anular”
En ese sentido, el abogado coincidió en que la acción en cuestión revela una “intención de a ocultamiento por parte de la Cooperativa Eléctrica” y constituye un error fácilmente detectable y comprobable. “Eso está establecido en el contrato de concesión y en la ley 8916 de defensa al consumidor, avalada por la Constitución Nacional”, aclara Muñoz. “Por eso mismo es que nosotros vamos directamente en busca de la anulación a la modificación tarifaria porque no responde a los pasos que se establecen en el Derecho Constitucional”.
Finalmente, el defensor agregó que dicha acción irá acompañada con una pretensión cautelar en la que se le pide al juzgado que se le renueve el suministro de energía eléctrica a aquellos que estaban en situación de corte por falta de pago por este amento. “El objetivo social que tiene la Asociación de Defensa al Consumidor tiene que limitarse al sector usuario, pero nada impide que distintos entes con diversos intereses puedan acoplase a este amparo invocando una debida interacción”, concluyó
