La historia comenzó cuando el 22 de agosto pasado los profesores de la Escuela Normal encontraron el establecimiento embanderado con consignas partidarias convocando a la movilización que el PJ había organizado ese día para respaldar al Gobierno provincial, por entonces en plena disputa con el sector docente por la cuestión salarial, y para recordar el renunciamiento de Eva Perón y la masacre de Trelew.
En primer término, intentaron hablar con la Decana, pero la respuesta que obtuvieron fue que debían dirigirse mediante nota a la autoridad del establecimiento. Por eso, redactaron y presentaron un escrito, rubricado finalmente por 26 profesores.
En el texto, fechado el 23 de agosto, comunicaron a Tarulli su “repudio” al hecho de que “se haya permitido que en el edificio de la escuela y, desde las ventanas de sus aulas, se colgaran banderas con el nombre del gobernador de la provincial (Jorge Busti) y de agrupaciones partidarias, en clara invitación al acto que fuera realizado por el justicialismo el día miércoles 22”.
“Consideramos que por tratarse de una escuela pública a la que concurren niños, jóvenes, padres, docentes y demás trabajadores que pertenecen a diferentes sectores y tendencias políticas, debe respetarse el pensamiento plural y no embanderar a la institución con una identificación partidaria en particular”, continúa la nota dirigida a la Decana.
Finalmente, solicitaron que “se tomen medidas” para “impedir que se repitan acciones como las repudiadas en la presente”.
Recién el 10 de octubre los profesores recibieron la respuesta. En primer lugar, Tarulli hizo una defensa del acto del 22 de agosto, oportunidad en la que el Gobernador anunció la realización de una consulta popular sobre la política salarial hacia los docentes, que, amén de la imposibilidad legal para llevarse a cabo (los asuntos presupuestarios están excluidos de los temas que pueden plebiscitarse) finalmente no se concretó.
“En el marco de un contexto democrático, convalidado en marzo de 2007, el gobierno legítimo de la Provincia convocó al pueblo a una conmemoración de fechas de alta significación histórica que no se recuerdan generalmente en las aulas”, postuló la Decana. En rigor, como ya se dijo, el acto había sido una convocatoria del PJ en respaldo a la actual gestión. El por entonces vicepresidente del PJ entrerriano, José Cáceres sentenció en la oportunidad: “Por supuesto que es una marcha partidaria, del peronismo, que rescata sus raíces. Nosotros queremos reivindicar la memoria de Evita, las masacre de Trelew, donde se fusilaron militantes populares, la mayoría de los cuales eran peronistas”.
“La memoria – agregó la titular de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales – que no se recuerda en las aulas, se puede recuperar en la calle. Cuando en otros lugares 20.000 ciudadanos repudian a sus gobernantes, en Paraná, 18.000 aplaudieron las palabras alusivas del Gobernador en ejercicio y del Gobernador electo (Sergio Urribarri)”, acotó.
A continuación, Tarulli se despachó contra los profesores que tiene bajo su autoridad en la casa de Altos Estudios: “Hace mucho que se discute el problema de la disociación de los asuntos que se proponen en las aulas y su desvinculación con las reales inquietudes sociales”.
“Los mismos intereses que provocaron el bombardeo de Plaza de Mayo en el ’55, el fusilamiento de junio del ’56, la Noche de los Bastones Largos del ’66, el fusilamiento del ’72, el genocidio sistemático a partir del ’76, por mencionar algunos hitos, habitualmente no se recuerdan en el seno de nuestras aulas, mientras se critican movilizaciones generales que procuran consolidar la memoria colectiva”, disparó.
A renglón seguido, consideró “limitada, apresurada y sin reflexión histórica la apreciación de los docentes firmantes. Mencionan en su nota ‘el nombre del gobernador de la provincia’: se refieren a la figura democráticamente elegida por mayoría, máxima autoridad política delegada por la ciudadanía, quien merece el respeto de una población cívicamente educada”.
“En cuanto al ‘repudio al hecho de que se haya permitido que se colgaran banderas’, no hace falta permitir la reproducción de una convocatoria cuando ésta emana de la más alta autoridad de la Provincia, pertenezca a la línea partidaria que fuere. Confundir a un partido político con el máximo gobernante de nuestra patria chica es un error cívico que no se corresponde con la condición de docentes”, añadió.
Tarulli afirmó que por estos argumentos “esta gestión repudia las pautas autoritarias de control social instaladas desde el aciago proceso que desangró a nuestra Argentina, explicitadas en la nota de referencia, y que consideramos ya superadas, evaluando como un atrevimiento el último párrafo de la misma”, en referencia al pedido de que no se vuelva a permitir el uso partidario de un bien público.
“Que sea este un motivo de reflexión democrática y de conciencia cívica es mi más caro deseo”, remató la Decana. Los problemas en Uader con la tolerancia política de sus autoridades tienen precedentes cercanos. En 2006, el sitio Cronista Digital de que el decano de Ciencias de la Gestión, Osvaldo Bagnato, le “bajó el pulgar” al periodista Tirso Fiorotto, a quien se le impidió participar en las Jornadas de Marketing que se realizaban en la casa de Altos Estudios. El motivo habría sido que el corresponsal del diario La Nación mantenía una posición muy crítica hacia el gobernador Jorge Busti, primo de Bagnato.
En los primeros días de este año, el rector de la Uader, Mario Mathieu, dejó sin efecto la designación en el cargo de Bagnato, colocando en su lugar a Graciela Mingo de Bevilacq
En el Capítulo VII (Malversación de caudales públicos), artículo 260, el Código Penal de la Nación establece: “Será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída”.
“Quedan sujetos a las disposiciones anteriores los que administraren o custodiaren bienes pertenecientes a establecimientos de instrucción pública o de beneficencia, así como los administradores y depositarios de caudales embargados, secuestrados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares”, completa el artículo 263.
Fuente: APF
