Giampaolo señaló que en estos momentos hay una disyuntiva en el Concejo Deliberante que divide a los ediles: dilatar la fecha límite o establecer sanciones. “Dentro de lo que es la opinión de los doce concejales, está dividida en torno a prorrogar la ordenanza que obliga al soterramiento o la de imponer algún tipo de sanción a aquellas empresas que no han avanzado en el soterramiento de los cables”, sostuvo Giampaolo.
La ordenanza Nº 28960/96 reglamenta el uso del espacio aéreo en la vía pública para empresas de servicios (llámese eléctrico, televisiones por cable, y otros servicio por cable). El art. 8º de la norma establece que “en el sector comprendido entre avenida Istilarth – Pte. Illía, Salto Uruguayo, Lamadrid, Libertad y su continuación Scattini, los actuales tendidos aéreos deberán adecuarse a lo prescripto en el art. 5º (instalación subterráneo), fijándose para ellos un plazo máximo de diez (10) años a partir de la promulgación de la presente”. En consecuencia, en 2006, todos los cables deberían estar enterrados.
A simple vista “se observa que en el centro de la ciudad ninguna empresa ha iniciado obras”, indicó el presidente del bloque. No obstante, Giampaolo confirmó que han pedido informes para saber “si algunas de estas empresas ingresó proyectos, tal como lo prevé la ordenanza porque la obra no puede ser desarrollada sin una previa autorización del municipio. Entonces queremos saber si no hay -de parte de las empresas de cable seguro que no- proyectos que indiquen la forma en que se va a hacer la obra”.
La ordenanza fue aun más taxativa respecto de otras zonas de la ciudad. “En el radio comprendido por los distritos C-1 y E-1a de la ordenanza 22.707/86-Código de Uso u ocupación del suelo-no se admitiría la realización de nuevos tendido aéreos debiendo efectuarse toda la propuesta de servicio en forma subterránea”, señala el art. 6º. El C1 abarca las manzanas comprendidas entre Buenos Aires-Quintana, San Luis, Sargento Cabral-Montevideo e H Irigoyen. En tanto que el E1 abarca una buena parte del radio comprendido en el art. 8º.
La posibilidad de derogar lisa y llanamente la ordenanza es improbable porque a los concejales, según Giampaolo, no los convence debido a que “arquitectónicamente y estéticamente avanzaría mucho la ciudad soterrando los cables”. Sin embargo, tampoco el Concejo es ajeno a las cuestiones técnicas en la que han invertido las distintas empresas respecto del control del servicio y del costo que tienen. “Si bien es una ordenanza aprobada, creo que la misma no tuvo una apoyatura técnica y económica respecto de lo difícil que era llevarla adelante”, indicó el edil del PJ.
Por otra parte, la posibilidad de imponer multas a las empresas es un aspecto que no fue tenido en cuenta por los redactores de la ordenanza que data de 1996. “Es una de las ideas que hemos estado analizando. Hay que prever esa parte que falta que son las sanciones: puede ser tanto una sanción pecuniaria como también el encarecimiento de una de las tasas por la deficiente prestación del servicio”, dijo Giampaolo.
En tanto, una fuente de la Dirección de Asuntos Legales confirmó que la única empresa que acudió a la Justicia para rechazar la imposición municipal fue Telecom. Luego de que la municipalidad ganase en primera y segunda instancia, la causa llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y el 7 de agosto de 2007, la máxima autoridad judicial del país decidió rechazar el recurso extraordinario interpuesto en la causa “Telecom Argentina STET – France Telecom S.A. c/ Municipalidad de Concordia”, porque “no cumple con el requisito de fundamentación autónoma. Por ello, se desestima la queja para decidir sobre su procedencia”, según la página web de la Corte Suprema.
En consecuencia, la fuente señaló que, en estos momentos, con esa jurisprudencia, la municipalidad puede accionar judicialmente para obligar a todas las empresas a que entierren los cables porque saben que la vía judicial está perdida de antemano. Pero la cuestión económica no pasa desapercibida. “No me preocuparía tanto Telecom porque podrían hacerlo, me preocupa más la Cooperativa Eléctrica porque no tienen los fondos para ello”, dijo la fuente. En consecuencia, la cuestión vuelve a manos de los concejales.
