El problema del aborto inducido, está sumergido desde hace mucho tiempo en una gran polémica ideológica y fundamentalmente religiosa, que se basan en dogmas y valores que a mi entender, no son adaptables a la realidad social que viven las mujeres hoy en día. Así pues, los principios morales y religiosos sirven para reflexionar y evaluar esos valores para adoptarlos al contexto actual.
En la Argentina son la principal causa de mortalidad materna desde hace casi tres décadas, de acuerdo con cifras oficiales: casi un tercio de las muertes de mujeres por causas vinculadas con el embarazo, el parto y el puerperio tienen su origen en prácticas precarias de interrupción voluntaria de la gestación. Desde la recuperación de la democracia se contabilizan cerca de 3.000 muertes evitables de mujeres por esa razón.
Recordemos a Milagros Lezcano, quien murió el pasado 8 de septiembre en nuestra ciudad, a causa de un aborto clandestino que le produjo una infección generalizada, que desde mismo hospital dijeron: “Hacía más de tres años que no veíamos un aborto como éste, con la brutalidad que se lo hicieron, se ve que usaron una aguja de tejer o un alambre, porque le dañaron todos los órganos”.
El tratamiento de proyectos sobre el aborto que se iniciará en la Comisión de Legislación Penal de Diputados el próximo 1 de noviembre (por primera vez en la historia argentina), no sólo lo convierte en un problema de justicia social, sino que limita un principio ético fundamental: la libertad individual. Mediante el impedimento legal, se le impide a la mujer el ejercicio pleno de su derecho a la maternidad voluntaria.
Para el tratamiento correcto de la ley de aborto por parte de los legisladores, se debería tomar en cuenta la realidad y la diversidad del problema que enfrenta nuestra sociedad con respecto a este flagelo y no aferrarse a posturas extremas.
El oficialismo adelantó que ya está trabajando en un borrador de dictamen en línea con la iniciativa que promueve la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito, pero que mantiene la práctica penalizada para el médico que la lleva adelante –y no para la mujer– si se realiza más allá de las 12 semanas de gestación y por fuera de las excepciones contempladas después de ese plazo, que son cuando corre riesgo la salud o la vida de la mujer, en casos de violación y si hay malformaciones fetales graves.
El principio ético del bien común, que forma parte de la función que debe cumplir el Estado, no se respeta mediante políticas que prohíben el aborto, porque colocan a las mujeres en situación de riesgo sin considerar las consecuencias que tienen un gran número de mujeres. Asimismo, la penalización del aborto afecta de manera distinta para un gran número de mujeres según sus recursos económicos, discriminado a aquellas que por carecer de medios suficientes deben recurrir a un aborto inseguro, infligiéndose de esta manera el principio de justicia y equidad. Al Estado le corresponde garantizar el derecho humano fundamental de los individuos y promover la justicia social mediante políticas y leyes adoptadas a la realidad social del momento, sin pretender una sola moral pública.
Para poder llegar a decisiones basadas en la justicia que reconozcan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como derecho humano básico, el aborto debe ser abordado con una óptica distinta, valorando autonomía y capacidad de las mujeres para decidir, de una manera responsable, el destino de sus vidas y su salud.
