Una vez procesados, José Iparraguirre, abogado defensor de los jóvenes apeló el viernes el auto de procesamiento dictado por el magistrado y solicitó el sobreseimiento definitivo de los imputados.
En ese sentido señaló que “el juez entendió que el tanque era un monumento histórico en homenaje al Ejército Argentino que fue dañado con las pintadas en aerosol”.
En la apelación, Iparraguirre sostuvo que “no está acreditado en el expediente cuál era el estado anterior del tanque; además no estaba determinada claramente la autoría de los jóvenes en el hecho; y, como sostiene Eugenio Zaffaroni, hay una causa de atipicidad conglobante en el caso, que significa que el hecho que se está investigando es tan insignificante que no existe delito por la nimiedad del ilícito”.
Contrariamente a lo que sostienen el juez y los abogados querellantes del municipio de la localidad, también conocida como Ciudad Universitaria, “el tanque no es un monumento ni mucho menos, sino que por el contrario es una colocación antojadiza de una chatarra, de un elemento obsoleto, así calificado por el propio Ejército Argentino”.
Además destacó que fue colocado en el lugar “sin ninguna ordenanza o normativa que efectivamente habilitara su colocación”. Iparraguirre destacó que “no pintaron ninguna palabra injuriosa, sino que expresaron su oposición a la colocación de este tanque con palabras antibélicas”. Este hecho se realzó en contraposición a la significación del elemento bélico, del que el letrado recordó que “no participó en ninguna de las gestas patrias, por ejemplo en la gesta de Malvinas, sino que fue utilizado en la represión a la ciudadanía en distintas dictaduras”.
Libertad de expresión
Iparraguirre explicó que a la hora de evaluar este caso “hay un bien jurídico superior al de la propiedad privada, que es el de peticionar a las autoridades y el de libre expresión de las ideas”; y agregó que “claramente hay un derecho constitucional de mayor rango, el de libre expresión, que es el que debe primar en este caso y no es tenido en cuenta por el juez de Instrucción”.
El 25 de mayo del año pasado los tres artistas que habrían pintaron el tanque Sherman –no así la boya ni el avión que se encuentran en el mismo lugar– fueron perseguidos por efectivos de la Policía local que les dispararon al menos en seis oportunidades y luego los mantuvieron detenidos, tirados en el piso con las manos en la nuca durante varias horas.
VILLARRODONA
Es de destacar que en el despacho de este juez, Héctor Villarrodona recayeron varias de las denuncias por corrupción investigadas por de la desaparecida (FIA) Fiscalía de Investigaciones Administrativas en la que estaban implicados altos funcionarios de este gobierno y del que vendrá.
De hecho, en el año 2005 el diputado provincial Juan Domingo Zacarías formuló, junto a varios de sus pares, una presentación en la que se preguntaba que había sido de las causas “por los subsidios y la contratación de personal en las cámaras legislativas (causa en la que estaba denunciado el gobernador electo Sergio Urribarri ; el festival de ATN ; el sonado caso de Puerto Ibicuy (en la que estaba comprometido el actual gobernador) y la contratación del estudio Reale entre otras.
Esas causas, decía Zacarías, están radicadas por ejemplo, en el juzgado de Héctor Toloy y en el de Héctor Villarrodona, entre otros.
