El abogado dijo que era un caso grave porque se trata de una nena “muy chiquita, muy diminuta, de apenas 13 años que fue violada”. “Esta nena queda embarazada durante algún tiempo y quizás por vergüenza o por ignorancia o por no saber qué hacer, le ocultó el embarazó a sus papás. Hace unas semanas atrás la nena entra en un cuadro depresivo. No se levantaba de la cama, no iba a la escuela, no comía. Por lo cual los padres concurren al Masvernat como primer centro de atención para hacer algún tipo de consulta”, dijo a Radio Ciudadana (FM 89.7).
En la consulta advirtieron que la menor estaba encinta. La Madrid dijo que a la chica no se le notaba el embarazo dado su físico pequeño. “Van al hospital, deciden realizar la interrupción del embarazo. Como se trata de un embarazo motivado en una violación naturalmente que se tenía que hacer de forma inmediata tal como lo establece el protocolo”, dijo.
La gestión de la interrupción del embaraza se dilata demasiado. A criterio del abogado, se extendió en el tiempo en forma indebida. “La hacen ir un día, al otro día le piden estudios. La hacen ir a los otros días. Y la situación psicológica de la menor, incluso física, fue empeorando”, señaló.
El miércoles de la semana pasada realizaron una consulta con profesionales médicos y psicólogos. “Dada la reticencia del hospital a realizar la práctica de forma inmediata, evitando la revictimización de la menor y evitando que se la exponga a una situación horrible y fea, pedimos una autorización judicial. La pedimos porque la situación era ya desesperante y entiendo que no se debía llegar a esa situación. El protocolo es absolutamente claro. Se debió implementar en forma inmediata y no se implementó”, dijo el letrado.
“No fueron satisfechos ni tutelados sus derechos en tiempo y forma dado que, como bien se señaló, el protocolo del año 2016 fue modificado por la actual gestión del ministerio de Salud en el año 2017”, dijo.
De La Madrid sostuvo que, una vez realizada la presentación judicial, la jueza Belén Estevez decidió realizar la interconsulta con un comité que interviene en estos casos. El protocolo establece un comité consultivo que está conformado por el director del hospital que corresponde. “Se resuelve la interrupción voluntaria del embarazo en un día lo que se podría haber hecho dos semanas antes”, dijo.
El abogado dijo que la jueza no autorizo la interrupción del embarazo pero destacó, en cambio, que gestionó el conflicto. Citó a las partes involucradas y dijo: “mire esto es una aberración y usted tiene que hacer la práctica”. “Están violando la ley porque saben que hay un fallo paradigmático de esto que es el fallo de la Corte Suprema del año 2012 que obliga a los operadores sanitarios a establecer este tipo de protocolos”, añadió el abogado.
“La nena tenía un decaimiento emocional y físico importante en las tres o cuatro últimas semanas. Eso es lo que me relatan los padres y yo incluso en la consulta lo chequeo. Tenía un embarazo avanzado de entre 18 y 20 semanas. Y la prosecución del embarazo también le ocasionaba un riesgo a la salud, a la vida de la menor. Si bien estaba preparada para estar embarazada, por su salud, su complexión física, había riesgo para la mamá”, señaló.
Por otra parte, sostuvo que el viernes pasado se constituyó como querellante particular en la causa de la violación. El abogado sostuvo que el presunto violador es un menor de edad y, por lo tal, inimputable. Y esta mañana creía que esa causa está en manos de la fiscal María José Fonseca y del juez de Garantías Darío Perroud. “Estamos trabajando con el defensor público que también ha gestionado bastante que es el Dr. Legarreta”, señaló.
