“No tenía escudo él, no tenía casco, no tenía nada –le dijo la madre del policía a A24–. Al ser de civil él supongo que lo deben haber confundido, porque él trabaja en la División de Robos y Hurtos”. Los dichos de Laura –que no quiso dar el nombre de su hijo por razones de seguridad– dejan en claro que los policías tiraron indiscriminadamente y pusieron en riesgo la vida de los manifestantes. Pero también vuelve a poner sobre el tapete que hubo efectivos actuando de civil. En fuentes del gobierno de la Ciudad argumentan que el policía herido de Robos y Hurtos usó indumentaria identificatoria, un chaleco o una remera o una campera. Sin embargo, los testigos mencionan que los policías actuaban sin identificación y se ponían el chaleco o la remera en el momento de hacer detenciones. Eso explica por qué el efectivo resultó herido: se supone que un compañero de la fuerza distingue los colores, por lo general bordó, de un integrante de la Policía de la Ciudad. Entonces, o bien dispararon tan al voleo que le pegaron a cualquiera o no tenía puesto ninguna indumentaria identificatoria.
La jueza Patricia López Vergara fue muy clara en su resolución del domingo. Le advirtió a la Policía de la Ciudad que los efectivos no podían llevar balas de plomo, que debían portar identificación en su uniforme y usar gases y municiones de goma sólo como último recurso y a una distancia que minimizara las consecuencias nocivas. También debían estar identificados los vehículos. La resolución produjo una feroz crítica de Macri cuando, en verdad, la magistrada sólo ordenó que se cumpla con la ley 5688 que regula a la Policía de la Ciudad y en especial los artículos que marcan la actuación en manifestaciones. El Presidente, en cambio, dio a entender que se dejó desprotegidos a los policías, pero no se animó a sacar la conclusión tácita: que –según él– los efectivos debieron usar balas de plomo. Pese a las críticas, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo le dió la razón a López Vergara y confirmó esa parte de su resolución. Y en una evaluación posterior a los hechos, no es descabellado inferir que la jueza tal vez haya evitado alguna muerte.
Los dichos de la madre del policía demuestran igualmente que la resolución no se cumplió o se cumplió a medias. El operativo tuvo muchas debilidades, en especial el armado de vallas a casi 200 metros del Congreso, lo que implicaba que los manifestantes no podían hacer oír su reclamo. Eso provocó una presión sobre las vallas que un grupo de policías no pudo resistir. Roto el dique, se llegó a lo que es prioritario evitar: el cuerpo a cuerpo. Y eso derivó en que la respuesta a un grupo de 100 o 200 violentos terminara en una batalla campal en el que las fuerzas de seguridad otra vez hicieron lo que quisieron. En ese marco, los policías le dispararon a su propio compañero y casi le producen la pérdida del ojo, como acreditó su madre.
