“El gobierno viene implementando estratégicamente una estrategia de persecución, buscando atemorizar, criminalizando la protesta social, llevando al terreno del Código Penal lo que en realidad debe ser una resolución del ámbito político”, señaló Fernández.
En tal sentido, Fernández dijo que Kirchner es el responsable de aclarar las cuestiones y “hacerse cargo de semejante cambio en la forma en que un gobierno se para frente a un conflicto netamente social que ha significado poner de pie a muchísimas comunidades a la hora de levantar las banderas de la defensa del medio ambiente y la salud”.
El pedido de audiencia no fue contestado aún. Por eso, la Asamblea resolverá esta noche que hará al respecto. “Resolveremos cual es la mejor actitud y la estrategia más adecuada. A veces el más absoluto silencio es la peor de las expresiones críticas”, indicó.
Por otra parte, el asambleísta recordó que el 15 de octubre tienen una audiencia en la Cámara Federal de Paraná por la denuncia dirigida desde el gobierno a 10 asambleístas. “Ya hay citaciones a declaración indagatoria en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay a partir del 3 de noviembre”, especificó.
La citación se debe a la infracción al artículo 194º del Código Penal. “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”. Fernández explicó que la pena no es de cumplimiento efectivo en la medida en que no haya reiteración y que no se sume a otro hecho. “De todos modos, la jurisprudencia más reciente del país en ningún caso ha dado lugar a condenas. Todos han concluido en sobreseimientos”, indicó el abogado.
No obstante, indicó que se trata de una “estrategia política que adopta un ropaje judicial” para buscar “amedrentar y generar miedo para que la gente deje de movilizarse y la Asamblea baje los brazos”.
Por último, Fernández dijo que no están de acuerdo con la manera en que se está cumpliendo con el mandato establecido por la Corte de La Haya en función del control de la planta de Botnia y del río Uruguay. “Tenemos escasísima información y fundados temores respecto de la suerte que pueda tener ese proceso”, manifestó.
