CONDENADOS
El único que fue condenado conforme a lo pedido por querella y Fiscalía fue Cosme Demonte quien recibió la máxima pena de prisión perpetua. En tanto, Alberto Rivas recibió seis años de condena por considerarlo “partícipe secundario” por privación ilegítima de la libertad y tormentos de varias víctimas, aunque Fiscalía y Querella habían pedido 25. Lo mismo sucedió con Rosa Bidinost, condenada a seis años de prisión (la Querella había pedido 25 años y la Fiscalía 15), en este caso el Tribunal ordenó su “inmediata libertad”, por haber cumplido ya su condena. En tanto, Oscar Obaid, fue condenado a tres años (la Querella había pedido 25 años y la Fiscalía ocho).
Para Jorge Appiani, recibió una condena de 18 años, aunque la Querella había pedido prisión perpetua y la Fiscalía 25 años. La pena vencerá el 4 de junio de 2027.
José Anselmo Appelhans fue condenado a 14 años, mientras los querellantes y los fiscales habían peticionado 25 años de prisión. El condenado cumplirá sentencia el 4 de junio de 2023.
El médico Hugo Moyano fue sentenciado a ocho años, que vencen el 4 de junio de 2017. En este caso la Querella había pedido 25 años de prisión y la Fiscalía 18.
SENTENCIA APELADA
El 23 de diciembre se conoció la sentencia de la esperada megacausa Área Paraná, donde Cosme Demonte fue condenado a cadena perpetua, pero los otros seis imputados recibieron penas más bajas de lo que se esperaba. La decisión del juez federal Leandro Ríos fue apelada por las querellas y la fiscalía, como así también por las defensas de los represores. El jueves habrá una audiencia de apelación donde las partes expondrán durante 30 minutos cada uno sus críticas al veredicto. La audiencia se realizará a las 17 en la sala de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, en calle 25 de Mayo 256.
En la causa se encuentran comprendidas las atrocidades perpetradas contra 52 personas y las desapariciones de los militantes Claudio Fink, Pedro Sobko, Victorio Erbetta, Juan Alberto Osuna y Carlos Fernández.
En un comunicado publicado por Informe Digital, las querellas reiteraron que están en contra de las "penas bajas, de las absoluciones de los genocidas para algunos de los hechos por los cuales estaban acusados, de la escasa valoración que hizo Ríos de las pruebas testimoniales –consideradas claves en los juicios de lesa humanidad– y de la conceptualización de los crímenes que realizó el juez de primera instancia: ni siquiera evaluó nuestro pedido para que sean considerados parte del genocidio".
Además señalaron que "en un contexto político de notorio retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y de flexibilización de los procesos contra los genocidas, esta audiencia es clave en nuestra región para que el Poder Judicial entienda que no hay posibilidad de frenar y ni retroceder en el Juicio y Castigo a los responsabiles de los peores crímenes cometidos contra nuestro pueblo".
"Aquella sentencia del juez Leandro Ríos, después de más de diez años de trámite y casi 40 de perpetrados los hechos, otorgó penas bajas a la mayoría de los represores –solamente el ex policía federal Cosme Demonte recibió prisión perpetua– y dejó en libertad a tres de los condenados", agregaron.
Y concluyeron: "secuestros, torturas, vejaciones, asesinatos y desapariciones, delitos cometidos contra 52 víctimas, no tuvieron hasta ahora el veredicto del Poder Judicial que merecen: una sentencia a la altura de las circunstancias que brinde verdadera reparación a los compañeros detenidos desaparecidos, a sus familias y a los sobrevivientes del terrorismo de Estado".
