«La presidenta de la Nación ha decidido otorgar un reconocimiento económico y financiero a las fuerzas de seguridad nacionales por el esfuerzo, dedicación y sacrificio puestos de manifiesto en cumplimiento de su deber en las últimas jornadas para proteger la vida, el patrimonio y la libertad del pueblo argentino», dijo.
El reconocimiento incluirá a la Gendarmería Nacional, la Policía Federal, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, cuyos «hombres y mujeres han podido acudir en requerimiento de los gobiernos provinciales, de un modo complementario, para proteger a los ciudadanos de las provincias», precisó Capitanich.
En su habitual contacto con la prensa en la Casa Rosada, el Jefe de Gabinete señaló que «12.000 agentes fueron movilizados en los hechos que son de dominio público», en el marco de los conflictos policiales que derivaron en episodios de violencia y saqueos en las provincias.
Capitanich señaló que los detalles de las medidas y su alcance serán dados a conocer la semana próxima, luego de ser «instrumentada por la Presidenta a través del uso de las facultades constitucionales que otorga el artículo 99 de la Constitución nacional».
Destacó que el rol «decisivo» de las fuerzas de seguridad nacionales «puede ser corroborada por los gobernadores», entre los que mencionó al de Córdoba, José Manuel de la Sota; Tucumán, José Alperovich; Santa Fe, Antonio Bonfatti; Neuquén, Jorge Sapag; Catamarca, Lucía Corpacci, y Entre Ríos, Sergio Urribarri.
En ese marco, comentó que «en los últimos cinco días se produjo un hecho inédito en Rosario, donde hay una víctima cada 36 horas: durante la presencia territorial de las fuerzas de seguridad federales esto no ocurrió, es decir, hubo criminalidad cero mientras la Policía de la provincia no tenía el desenvolvimiento de sus tareas».
Los sucedido «es un hecho inédito en 30 años de democracia», aseveró, y sostuvo que las fuerzas policiales en las provincias «dejaron librados al azar a los ciudadanos y a los habitantes en los lugares en conflicto, sino que también han promovido, implícita y explícitamente, saqueos, y esas cuestiones merecen la actuación indubitable del Poder Judicial».
Remarcó Capitanich la necesidad de que tanto el Poder Judicial de las respectivas provincias afectadas, como el de la Nación, en su competencia federal, investiguen «de oficio» los hechos bajo el encuadre de delito de acción pública, e identifiquen «a los autores no sólo materiales sino también intelectuales».
«Se ha generado una desprotección de los ciudadanos, y las fuerzas de seguridad (locales) han faltado al cumplimiento de su deber de custodiar la vida, la libertad y el patrimonio de los argentinos», afirmó el Jefe de Gabinete, y volvió a criticar la forma del reclamo.
«No es el método de reclamo salarial, porque es un método extorsivo, y además han promovido saqueos indirecta o directamente, y eso es inadmisible y merecen el repudio del sistema político, económico y social de la Argentina y de sus habitantes», dijo.
Capitanich ratificó que «la seguridad pública es competencia ineludible de los gobernadores», y sostuvo que «nosotros no podemos subrogar las responsabilidades emergentes de cada caso».
Aclaró que no obstante «tenemos un sistema de información riguroso y metódico con cada uno de los gobernadores, en donde tenemos comunicación frecuente para hacer un análisis de situación de cada una de las jurisdicciones provinciales».
Además, «desde el punto de vista de recomendaciones, sugerencias o aportes técnicos, obviamente siempre estamos dispuestos a respaldar y apoyar los requerimientos y peticiones expresas de los gobernadores, para propiciar reformas de carácter estructural en el funcionamiento de la seguridad de cada una de las provincias atento a los principios esenciales», aseguró el Jefe de Gabinete.
