En la iniciativa se establece que el Banco de la Provincia se constituirá como una sociedad anónima en la cual el Estado Provincial no podrá tener ni más ni menos del cincuenta y un por ciento (51%) del capital accionario el que no podrá ser transferido por ningún título. El cuarenta y nueve por ciento (49 %) restante se reserva para el capital privado que deberá estar suscripto en el inicio de las operaciones del banco.
D´angelo dijo que el objeto de la iniciativa es hacer efectivo uno de los preceptos incorporados en la Constitución de Entre Ríos y volver a dotar a la provincia de una valiosa herramienta de política económica financiera, estratégica para su desarrollo,
La iniciativa plantea que “la creación y puesta en funcionamiento será un proceso paulatino conforme a la carta de intención que se acuerde con el Banco Central de la República Argentina, debiendo concluirse antes de la finalización del actual contrato de Agente Financiero que vincula al Estado con el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.”.
“Cuando repasamos el diario de sesiones de la Convención, vemos que los constituyentes incorporaron este precepto motivados por la fuerte convicción de recuperar la banca pública como herramienta para el desarrollo económico y social de Entre Ríos”, explicó.
“No es casualidad que después de las vicisitudes que le ha tocado vivir a la emblemática institución bancaria a lo largo de la historia, se vuelva recurrentemente a la necesidad de contar con un instrumento financiero provincial de fomento con sentido de justicia social”, afirma la legisladora provincial.
La entidad deberá realizar todas las operaciones propias del giro bancario; promover el desarrollo de la actividad agropecuaria, industrial, comercial, turística, minera y de servicios para fomentar e incrementar el potencial económico de la provincia y de sus habitantes, con sentido de justicia social; facilitar el acceso a la vivienda rural y urbana mediante préstamos hipotecarios; fomentar la colonización agraria y el desarrollo de granjas en Entre Ríos
Además asistir preferencialmente a las pequeñas y medianas empresas, cooperativas, mutuales y toda otra institución asociativa de la provincia; apoyar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico del sector privado que tengan como objetivo la diversificación productiva y la industrialización así como operaciones y programas de exportación de empresas entrerrianas, están enumerados entre los objetivos ; donde también se establece que será el agente financiero del Estado Provincial.
En el proyecto se consigna que el capital del Banco de la Provincia de Entre Ríos S. A. estará constituido por doscientos millones de pesos ($ 200.000.000,00). Ese aporte del capital del Estado Provincial estará constituido por cuotas anuales, cuyo monto se preverá en el Presupuesto, formado con una pequeña parte de los aportes provenientes de los fondos excedentes derivados de la explotación del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande y el patrimonio propiedad del fisco en la sociedad SIDECREER, que se incorporará al Banco de la Provincia de Entre Ríos.
La Administración y Fiscalización del Banco de la Provincia de Entre Ríos S. A. estará a cargo de un Directorio compuesto por un Presidente, cuatro Directores y dos Síndicos. El Presidente, dos Directores y un Síndico representarán al Estado Provincial; dos Directores y un Síndico serán designados por los accionistas representantes del capital privado.
El Presidente, los Directores y el Síndico representantes de la Provincia, serán seleccionados por el Poder Ejecutivo por concurso público; luego se elevarán al Senado para su acuerdo y durarán tres ejercicios en sus cargos.
“Hoy, nuestro banco está en manos privadas, esencialmente por dos motivos: los errores políticos y administrativos cometidos en algunos pasajes de la gestión del Estado y la rápida adhesión a la ola privatizadora que imperaba en el país en la década del´90”, dijo D´angelo en los fundamentos.
Ante el hecho “de haber pasado ya el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. la mitad de su contrato con el Estado provincial, resulta posible hacer una evaluación racional y desapasionada de los resultados”. En ese sentido, la legisladora apunta que “si bien es cierto que la letra del contrato no es taxativa respecto a las políticas que el banco debería implementar a favor del desarrollo económico y social de la provincia, no es menos cierto que el nuevo monopolio que tiene una posición de privilegio no ha demostrado en estos años voluntad alguna de impulsar políticas de crédito”.
“Tampoco se han hecho convenios con municipios ni con otras entidades, nunca se concretaron las alianzas estratégicas con el I.A.P.S. y SIDECREER y seguimos esperando sin respuestas la generosidad y la eficiencia en la atención que se merecen nuestros empleados públicos, jubilados y clientes cautivos que reclaman mejor trato a lo largo y a lo ancho de la provincia”, se argumenta en otro párrafo.
“Más lamentable aún es que la Unidad de Control del Agente Financiero creada a tal fin no ha tomado medidas que se reflejen en un riguroso cumplimiento del contrato que redunden en beneficio de los usuarios, como tantos otros entes de control de empresas de servicios privatizadas”, expresó la legisladora.
Lo cierto es que hoy, desde los distintos sectores políticos, económicos y sociales añoramos “nuestro banco”, el que representaba los intereses de los entrerrianos, como ocurrió en tantos pasajes de nuestra historia”, asevera.
Para la diputada D´Angelo “es central la factibilidad de concretar la capitalización en cuatro años si se toma como condición para la recuperación de nuestro banco, que no prospere la renovación del contrato de Agente Financiero con el Nuevo BERSA que vence en septiembre de 2015”.
“La incorporación que hicieron los constituyentes de 2008 a la Carta Magna provincial de la autorización para la re creación del Banco de Entre Ríos, es una de las decisiones progresistas y osadas de la Convención, que debe ser acompañada por la Legislatura, iniciando el camino de la recuperación”, concluye el texto dedicado a fundamentar este proyecto de ley.
