La legisladora había calificado como “una provocación” el aumento de la luz “en un contexto de recesión, inflación y precariedad laboral, donde se aplica un tarifazo que supera el 100 % de aumento en momentos donde hay sectores que en el mejor de los casos están negociando mejoras salariales del 15 %»
Criticó al gobierno nacional por “salir abruptamente” de la política de subsidios a las empresas de servicios públicos y pasar a un “irracional” aumento tarifario en vez de haber comenzado en otro momento y de forma gradual. En este marco, “una vez más el que pierde es el usuario» dijo la legisladora. «Las empresas se verán beneficiadas por el tarifazo y del mismo modo Estado nacional, provincial y municipal, que indirectamente aumentará su recaudación impositiva en forma considerable, pero nadie habla de la voracidad fiscal», añadió.
La diputada se preguntó si se puede calificar de pudiente a una familia que consume 1000 Kw bimestrales «El concepto de que con esta medida se castiga a los que mas tienen es falaz y malintencionado porque el incremento comienza desde los que menos consumen y considera como privilegiados a los que consumen 1000 KW”, indicó.
D´angelo remarcó que el marco tarifario solamente tiene en cuenta el consumo pero no la cantidad de miembros de una familia. “Cuanto más sean en la familia, más tendrán que privarse en el uso de electrodomésticos básicos como planchas, ventiladores o lavarropas para evitar superar el consumo señalado como tope», declaró.
En agosto, Diputados sancionó a pedido de D`Angelo un proyecto de la legisladora por el que pide que se derogue el gravamen del 0,6% a los usuarios del servicio eléctrico que estaba destinado a solventar obras igualando las tarifas de provincias ricas con las más postergadas. De esa forma, se solventan obras de infraestructura que igualarían las tarifas de la provincia de Santa Cruz con la tarifa promedio del resto del país.
Del mismo modo reclama al Ejecutivo Nacional que cese en la aplicación de la Ley Nº 23.681 y en los alcances del Decreto Nº 1.378/01 atento a la finalización de las obras de interconexión eléctrica de la provincia de Santa Cruz con el S.A.D.I. (Sistema Argentino de Interconexión). Finalmente pide al Ejecutivo provincial y a los legisladores nacionales de Entre Ríos que emprendan todas las acciones a su alcance para lograr el cese del cobro del citado tributo.
DÁngelo recordó que el 15 de junio de 1989 el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nº 23681 a través de la cual se pondría en un plano de igualdad las tarifas eléctricas de la provincia de Santa Cruz con el promedio del país y puntualizó que con esa norma se estableció un recargo sobre el precio de venta de la electricidad del 6 % de las tarifas vigentes en cada zona del país, aplicadas a los consumidores finales.
