D´angelo pidió saber cuánto es el monto que se ha retenido a los empleados del Estado con destino a las pensiones de la Ley N° 4035, si se ha depositado en la cuenta correspondiente y desde cuándo no se realiza. “Si el Estado tiene cupo para otorgar pensiones tal como lo ha destacado el director de Integración Comunitaria. ¿Porqué no se llega a cubrir el mismo?” inquirió D´Angelo en el artículo cuarto de su pedido de informes.
Luego añadió: “si el cupo es de 15.000 beneficiarios a razón de $ 300 mensuales, el costo total es de $ 54.000.000.-, con lo que la recaudación proyectada (con la nueva alícuota) da algo mas de $ 73,7 millones. ¿Por qué no se amplía el cupo o se aumentan las pensiones?”. Finalmente, la legisladora pidió conocer “cuál es el destino de los casi $ 20 millones excedentes, solamente en el ejercicio 2009, en caso de que el cálculo anterior sea correcto.
Ayer “El Diario” de Paraná consignó que ATE denunció que las pensiones se financian sólo con una parte de lo que aportan los privados. De los $ 145 millones sólo se distribuyeron $ 64,7 millones para pagar un beneficio social de $ 200 a 11 mil personas. El informe también consignó que “entre 2007 y los primeros cuatro meses de 2009, el Estado recaudó 145 millones por aportes de los privados para financiar el beneficio de la Ley Nº 4.035 –0,6 % tributan los empleados, y un 1,5 % los empleadores—, un fondo que sirve para asistir a madres solteras con hijos a cargo, discapacitados y ancianos y que actualmente suman aproximadamente 11 mil personas, que reciben $ 200 al mes.
Pero el informe señala que de ese total recaudado por la Dirección General de Rentas (DGR), sólo se distribuyeron en el pago de beneficios unos $ 64,7 millones, sin que se sepa a ciencia cierta qué pasó con los restantes $ 80 millones. Tampoco se sabe qué ocurrió con lo que aportaron los empleados del Estado, unos 44 millones de pesos, que no ingresan a Rentas. En total, ser trata de unos $ 124 millones cuyo destino no se conoce.
