Entre una serie de medidas que dispuso ayer, Ramos Padilla le pidió al juez federal Sebastián Ramos la resolución y las actuaciones por la cual el viernes último procesó al perito David Cohen por mentir y falsear datos “con una intención deliberada de falsear la verdad” en la causa por supuestos sobreprecios en la importación de Gas Natural Licuado que había derivado en las detenciones del ex ministro de Planificación Julio De Vido y de su mano derecha, Roberto Baratta. Después que salió a la luz el peritaje trucho la Cámara Federal ordenó dar marcha atrás con aquellas detenciones y procesamientos ¿Por qué le interesa esta al juez de Dolores? Porque investiga la aparición de D’Alessio como un colaborador e incluso como un testigo que fue a resucitar aquella causa, que está a cargo del fiscal Stornelli en función de supuestos datos que se jactaba de tener –según figura en algunas grabaciones y material del caso que tramita en Dolores- por haber funcionado como una suerte de infiltrado en Enarsa durante el kirchnerismo. D’Alessio declaró en noviembre último en la causa GNL: dio datos sobre supuestas irregularidades con la contratación de seguros y costos en el puerto. Debía declarar ante el juez porque el caso no estaba delegado ante el fiscal, pero lo hizo ante Stornelli y recién en febrero se incorporó su testimonio a la causa, donde el juez Claudio Bonadio terminó citando a indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner.
Ramos Padilla reclama datos y precisiones sobre otras dos causas que podría revelar más sobre el modus operandi de D’Alessio y su posible complicidad o colaboración con fiscales u otros agentes judiciales. Reclama información sobre el operativo en que se entregó el narco Ibar Pérez Corradi, para ser extraditado y juzgado en Argentina por tráfico de efedrina, por lo que terminó condenado. Ya le había pedido explicaciones al Ministerio se Seguridad, porque todo indicaría que D’Alessio pudo haber tenido alguna participación. Y también reclamó información sobre la causa del llamado “Triple Crimen de General Rodríguez”. En los últimos días el fiscal que investigó ese caso en un comienzo, Juan Bidone, también resultó implicado en la estructura que quedó al desnudo a partir de la detención de D’Alessio. Fue allanado y se le abrió una investigación en San Martín, por orden del procurador bonaerense Julio Conte Grand, que además lo corrió de su cargo de fiscal de delitos complejos de Mercedes y lo mandó a una fiscalía ordinaria.
Bidone, que evidentemente sabía que en la casa de D’Alessio habían encontrado elementos que lo vinculaban a él, se anticipó y se presentó en Comodoro Py. Declaró ante la fiscal Alejandra Mángano, en el contexto de la causa denuncia que hizo Stornelli contra D’Alessio, y donde pretende que se mude toda la investigación de Dolores. Ahí Bidone admitió que conocía a D’Alessio desde hacía dos años, que se lo había presentado alguien de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que le había pedido registros de Migraciones (entradas y salidas del país) y llamadas entrantes y salientes de una persona de quien solo tenía un DNI, y que resultó ser Etchebest, según confirmaron funcionarios del expediente que tramita en Retiro. También dijo que D’Alessio cada colaboraba en algunas investigaciones, aunque no se conocen más precisiones. El juez Julián Ercolini mandó la declaración de Bidone a Conte Grand, que es su jefe y el fiscal general de San Martín armó un equipo para investigarlo. Se incautó un teléfono y una computadora de su casa. La gran duda es si también podrá seguir investigando esta arista Ramos Padilla.
El juez de Dolores, entre tanto, reclama recursos, personal y asistencia técnica a la Corte Suprema, y aún no tuvo respuesta, según consta en su resolución de ayer.
Al falso abogado le tienen que tomar una indagatoria ampliada por una sucesión de casos de víctimas que fueron apareciendo en el expediente –a quienes el Ministerio de Justicia tampoco proporcionó hasta ahora protección pese al pedido del juez- y que permiten comprender la complejidad y la gravedad de esta causa: entre ellos hay un intento de cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira (defensor de Oscar Thomas en la causa de los cuadernos), otro al abogado Javier Landaburu (defensor de varios en esa misma causa, entre ellos Eduardo Eurnekian), presunta extorsión al ex directivo de Pdvsa Gonzalo Brusa Dovat que le hicieron creer que podía vivir una pesadilla legal, también a Pablo Barreiro, presionado con pedido de dinero para sacar a su padre Ricardo Barreiro (ex colaborador de CFK) de la cárcel en el caso cuadernos y ahorrarse él mismo la prisión. Y la lista sigue, y se amplía
