Inaceptable parcialidad
Por otra parte, y con respecto a las declaraciones del fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, quien calificó la sentencia como “ridícula”, D’Agostino enfatizó: “No cumple con su función de fiscal de todos los entrerrianos sino como abogado del Gobernador, lo que lo pone en una situación de parcialidad”. Asimismo y en relación a la descalificación de Rodríguez Signes a que el planteo judicial no lo haya hecho la UCR como partido político sino que lo firme una candidata, el especialista hizo notar que cualquier ciudadano puede interponer un pedido de ese tipo.
“El fiscal, que es un gran abogado, sabe que cualquier entrerriano está habilitado para reclamar la inconstitucionalidad de las normas y cualquier juez puede ejercer el control de constitucionalidad”, subrayó, tras lo cual afirmó que la actitud asumida por Rodríguez Signes de criticar a un juez “está más cerca de un militante que de un fiscal de Estado”.
D’Agostino dijo que por eso Rodríguez Signes “no está cumpliendo con su función constitucional, ya que no se dedica a proteger las instituciones fundamentales del sistema democrático, que son los partidos políticos”. Agregó además, que “se pretende quitarle atribuciones a los partidos que les son propias por su misma naturaleza, como es el derecho a administrar sus propias elecciones internas”. Por el contrario, si se aplicara el ahora inconstitucional decreto, los ciudadanos “quedarían librados a la incertidumbre y falta de transparencia, por la mezcla de candidatos y partidos, en internas obligatorias y optativas, todas en un solo cuarto oscuro”, subrayó.
Tribunal Electoral
Más adelante, D’Agostino aclaró que el pedido presentado por la candidata radical no pretende “hacer caer todo el decreto ni tampoco anular la elección del 14 de agosto” e hizo notar que “todavía hay tiempo de convocarla para el 21 de agosto”.
Finalmente, reclamó que “el Tribunal Electoral de la Provincia, integrado por legisladores, un juez del Superior Tribunal de Justicia, de primera instancia y la presidente del Superior Tribunal sea el que rápidamente dé tranquilidad a la ciudadanía y establezca que los comicios sean administrados por cada partido político, según sus internas, eligiendo escuelas diferentes o en caso de que no se pueda, aulas diferentes que funcionen como cuarto de sufragio diferentes para cada partido”.
