Cusinato fustiga en una nota enviada a DIARIOJUNIO, la decisión administrativa 41/2010 de la Jefatura de Gabinete que se publicó este jueves 18/02 en el boletín por la cual se transfieren $ 144,2 millones de los fondos asignados en el Presupuesto 2010 a gastos corrientes originalmente destinados a gobiernos provinciales y municipales.
El legislador de la UCR acusa a la presidente de querer «ahogar financieramente» a los gobernadores «para obligarlos a apoyar por obediencia debida, todas las medidas que impulse». Pone como ejemplo el Fondo del Bicentenario, que «claramente tiene un fin electoralista y no libera recursos para las Provincias».
Prosigue expresando: «Esta nueva transferencia demuestra lo que venimos denunciando, que Fútbol no es auto sustentable y que terminará siendo financiado por todos los argentinos. Tanto la presidente como el ministro Aníbal Fernández mintieron. Les dijeron a los argentinos que el fútbol no les iba a costar un centavo y que las ganancias producidas iban a ser para financiar el deporte olímpico, resulta ahora que ya se comprometieron más de 800 millones para el fútbol que pagaremos todos mientras sólo se recuperó menos del 1% del contrato. Pero, además, le quitan dinero a los usuarios de celular para promover el deporte olímpico”, denuncia Cusinato.
Cusinato recuerda que todavía el Poder Ejecutivo no le contestó un pedido de informe presentado el año pasado por supuesto sobreprecios en la televisación del campeonato de la AFA.
“Entre las principales objeciones nos encontramos frente al hecho de que no se ha dado a conocer públicamente el contrato que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha firmado con el gobierno nacional. Sin este documento es complicado analizar un negocio que según cifras que han trascendido difícilmente pueda considerarse redituable, todo lo contrario, estaríamos hablando de un contrato que además de haberle prometido a la AFA $600 millones anuales, estaría destinando otros tantos millones en virtud de sobreprecios que es imprescindible sean esclarecidos. Sólo el 0.8% de esos $600 millones habrían sido recuperados”, dice Cusinato.
“Todo esto constituye una verdadera malversación de los recursos públicos y de los usuarios”, considera.
